La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció ayer ser víctima de una persecución y temer por su vida, pocos días después de que la Asamblea Nacional Constituyente la removiera de su cargo.
La denuncia de Ortega, una antigua aliada del fallecido presidente Hugo Chávez, llega después de su ruptura con el mandatario Nicolás Maduro y de denunciar un quiebre constitucional en medio de cuatro meses de protestas antigubernamentales que han dejado 128 muertos, según cifras oficiales.
“Yo no sé qué oscuros propósitos y qué oscuros planes puedan ellos tener, no solamente privarme de mi libertad, sino también privarme de mi vida”, dijo Ortega a Reuters en un apartamento en el que estaría solo horas porque cambia cada noche de casa.
La constituyente promovida por Maduro designó el pasado fin de semana a un fiscal provisional, una vez que el máximo tribunal aprobó enjuiciarla, un proceso del que todavía no se conoce su avance y tampoco si implicaría alguna condena contra ella.
“Quiero denunciar ante la comunidad internacional, tengo una persecución permanente, en mi casa, los sitios por donde me desplazo”, relató. “¿Dónde están mis derechos?”, agregó. La exfuncionaria contó que un vehículo le sigue los pasos y personas toman fotos en los sitios donde llega, por lo que al menos una vez al día cambia de lugar para pernoctar, entre otras medidas de seguridad que ha debido tomar.
La abogada consideró irregular este trato y reiteró que “todos” sus derechos están siendo violados con medidas que “carecen de fundamento” y “sin sentencia firme”. “En este país a la fiscal general –y soy fiscal general y ciudadana venezolana– se le niegan todos los derechos”, dijo.
Maduro y otros funcionarios han acusado a Ortega de “traidora” y de ser cómplice de algunas de las muertes ocurridas durante las protestas.