CASO POR SUPUESTA RETENCIÓN DE CUOTAS

Fiscal acusa a Richard Fifer

Fiscal acusa a Richard Fifer
Richard Fifer permanece detenido desde el 27 de febrero de este año y enfrenta, al menos, tres procesos en el sistema judicial nacional.

La Fiscalía Sexta Anticorrupción presentó ante la Oficina Judicial de Coclé un escrito de acusación contra el exgobernador de esa provincia Richard Fifer, en el proceso relacionado con la presunta retención del pago de cuotas de la Caja de Seguro Social (CSS).

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que en el escrito de acusación el fiscal pide al tribunal una condena de 84 meses de cárcel para Fifer, por la supuesta comisión del citado delito.

Luego de presentado este escrito corresponderá al tribunal fijar la fecha para la celebración de la audiencia intermedia, que se rige bajo el sistema penal acusatorio.

En su acusación, el fiscal pide la condena de Fifer por la supuesta retención del pago de cuotas de la CSS de las empresas Panamá Desarrollo de Infraestructura ($3 millones 331 mil) y Petaquilla Gold ($3 millones 199 mil).

Este medio hizo seis llamadas y dejó mensajes en el celular de Marilyn Melgar, defensora legal de Fifer, pero no respondió.

Fifer está detenido preventivamente desde el 27 de febrero pasado por orden de la jueza de garantías de Coclé Yazmín Jaén, quien acogió una solicitud de la Fiscalía Sexta Anticorrupción que consideró que el investigado no tiene residencia fija en Panamá, y nunca respondió a los requerimientos judiciales que se le hicieron durante el proceso que empezó desde enero de 2015.

Fifer fue extraditado desde Colombia, donde fue detenido tras una solicitud de captura a Interpol presentada por la Fiscalía Decimosexta de Circuito, como parte de una investigación por presunta estafa en perjuicio de la empresa canadiense Gold Dragon Capital.

Esquivel, DE ACUSADO A TESTIGO

En el proceso por presunta retención de cuotas de la CSS por parte de las empresas Petaquilla Gold y Panamá Desarrollo de Infraestructura, la fiscalía también investigó al exdirectivo Rodrigo Esquivel.

Esquivel manejó Petaquilla Gold por cinco años, hasta agosto de 2014, coincidiendo con el fin de la administración de Ricardo Martinelli. Fifer lo reemplazó en septiembre de ese mismo año.

El 20 de noviembre de 2015 se celebró una audiencia en la que se le imputaron cargos a Esquivel, sin embargo, casi cinco meses después pasó a ser un testigo importante del Ministerio Público en el proceso.

El 4 de abril pasado, la juez de garantías Sandra Castillo avaló un “acuerdo de colaboración” pactado entre el fiscal Aurelio Vásquez, y el abogado de Esquivel, Roberto Moreno.

El acuerdo excluyó a Esquivel como imputado en el proceso.

“El imputado acepta colaborar eficazmente para el esclarecimiento del delito, aportando información relevante para descubrir en juicio la participación criminal de su autor”, señala el acuerdo.

OTROs CASOs

El exgobernador de Coclé tiene pendiente otros procesos en el sistema judicial, que también tienen relación con la supuesta retención de cuotas a la CSS.

En esta ocasión se trata de una supuesta afectación a trabajadores de la empresa Gastronomía Mar del Sur, por la presunta retención de cuotas de la CSS por $20 mil.

En esta investigación no hay medida cautelar contra Fifer.

El proceso de investigación se encuentra a cargo de la fiscal de Coclé, Yoselín Macías.

A finales de febrero de 2016, el juez de garantías le concedió tres meses de prórroga a la fiscal Macías para seguir con las pesquisas por este caso. El plazo está por concluir.

Golden Dragon cAPITAL

El 13 de mayo de 2015, la fiscalía le imputó cargos a Fifer y a su socio Kenneth William Morgan, pero a pesar de que se les citó varias veces, nunca comparecieron. Por ello, la fiscal encargada de ese despacho, Kira Lizbeth Brokamp, ordenó el arresto de ambos.

El proceso se originó por una denuncia que interpuso el abogado Francisco Zappi, quien afirmó que ambos le ofrecieron a representantes de la empresa Gold Dragon Capital Management concesiones mineras por un millón de dólares. Sin embargo, después del pago del dinero se descubrió que tales concesiones solo eran solicitudes para la explotación minera.

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