Por dejar en “absoluta indefensión” al Estado, el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, solicitó a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia anular un fallo del Tribunal de Cuentas relacionado con el proceso del fallido proyecto de Riego de Tonosí.
En efecto, Rodríguez interpuso el pasado martes ante la Sala Tercera una demanda de ilegalidad contra la resolución No 117-2019 del Tribunal de Cuentas, dictada el 30 abril pasado y a través de la cual fijó en poco más de $3.2 millones el monto que debe devolver al Estado el consorcio Hidalgo & Hidalgo (H&H), contratista del fallido proyecto, adjudicado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
De acuerdo con el fiscal, el Tribunal de Cuentas actuó de forma “prematura e ilegal”, ya que aún tiene pendiente calificar la investigación efectuada por su despacho, que se basa en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República No. 05-10-2015-DIAF, del 14 de septiembre de 2015, que fijo en $29 millones 283 mil 310 la posible lesión patrimonial al Estado por este caso.
En ese sentido, el fiscal advirtió de que la decisión del Tribunal de Cuentas viola la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, en la que se establece que la jurisdicción de Cuentas “juzga la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades contenidas en los reparos efectuados por la Contraloría en cuanto al manejo de los fondos públicos”.
Rodríguez también planteó que los magistrados de Cuentas Álvaro Visuetti, Alberto Cigarruista y Rainier Del Rosario omitieron el análisis de las pruebas acopiadas en el expediente, en las que se basa su solicitud de llamamiento a juicio para los responsables de H&H.
El fiscal solicitó a los magistrados de la Sala Tercera de la Corte la suspensión provisional de los efectos de la resolución del Tribunal, porque, como se dijo, deja en “absoluta indefensión al Estado y merma la posibilidad de recuperar los fondos que le fueron adelantados a la empresa H&H”.
En la jurisdicción penal
Mientras tanto, en agosto pasado el Segundo Tribunal Superior de Justicia anuló el proceso por la presunta comisión del delito de peculado, que por este caso siguió el Ministerio Público a 31 personas.
El fallo del Segundo Tribunal Superior, fechado el pasado 27 de agosto, lleva la firma del magistrado José Hoo Justiniani.
Previamente, en el mes de junio de este año, el Segundo Tribunal declaró nulo el proceso que por este mismo caso se siguió al exministro de Desarrollo Agropecuario Emilio Kieswetter y al antiguo ejecutivo de H&H Marco Albán, también por presunto peculado.
En ese primer fallo, el Segundo Tribunal declaró la nulidad de las indagatorias a Kieswetter y Albán, debido a supuestas violaciones de las garantías procesales y derechos humanos de los procesados, ya que –de acuerdo con su criterio– la fiscalía anticorrupción les formuló cargos cuando ya había vencido el plazo para investigar.