La fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, solicitó el sobreseimiento definitivo de la investigación relacionada con el desembolso de $9 millones entregados entre 2007 y 2009 por el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de la Presidencia, en apoyo a los sobrevivientes afectados por el tóxico dietilenglicol.
El caso llegó al Ministerio Público de la mano de sobrevivientes del tóxico, quienes se quejaron de que los montos de indemnización variaban “considerablemente” entre un paciente y otro.
Alegaron, además, que nunca se les mostró el método para calcular estas ayudas durante el gobierno de Martín Torrijos.
En la vista fiscal que Morcillo remitió la semana pasada al Órgano Judicial, pide archivar el expediente, ya que a su juicio en este caso no se acreditaron irregularidades en la distribución de estas ayudas a los que fueron envenenados masivamente con el tóxico que fue agregado al jarabe para la tos que fabricaba la Caja de Seguro Social en sus laboratorios.
Morcillo se apoya en una auditoría de la Contraloría que concluyó que tanto el Minsa como el Ministerio de la Presidencia cumplieron con lo establecido en el procedimiento para el reconocimiento de un apoyo económico a las víctimas. No se determinó una lesión patrimonial al Estado en este caso. No obstante, el informe dice que se hallaron algunas debilidades de control interno por parte del Minsa: diferencias entre lo desembolsado a los afectados y su registro contable. También se reportó un registro inadecuado de la ejecución presupuestaria en lo concerniente al renglón de las indemnizaciones especiales.
