El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, aseguró el lunes que hay nuevas pruebas sobre el sistema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país, y se comprometió a sentar a los involucrados en el banquillo por crimen organizado en un plazo de dos meses.
“Absolutamente”, contestó a una pregunta de la prensa sobre si había nuevos indicios. “En un plazo que no debe pasar de 60 días se habrá de empezar a judicializarlo [el caso] bajo la premisa de una maquinación delictiva en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”, afirmó.
México es uno de los pocos países afectados por esta trama de corrupción latinoamericana en la que no se ha procesado a ningún funcionario.
El exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya fue señalado por directivos de la constructora brasileña como receptor de sobornos, pero él negó las acusaciones.
“Vamos a incluir a todos los que legalmente podamos incluir”, agregó el fiscal.
La falta de resultados en este caso es solo un ejemplo de lo que, según Gertz Manero, se encontró esta administración al llegar a la fiscalía: anarquía, corrupción, rezago “injustificado” de más de 300 mil investigaciones, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y una impunidad de 95%.
“El promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5% del total de asuntos tramitados”, indicó en este sentido.
Entre las anomalías encontradas, el fiscal Gertz Manero subrayó “asignaciones desproporcionadas e ilógicas” de, por ejemplo, mil casos a un solo investigador, mientras que otros detectives no tenían ninguno.