Tanto en el Ministerio Público (MP) como en el Registro Público consideran que el sistema de las notarías presenta debilidades, utilizadas por organizaciones criminales para realizar estafas en el traspaso de propiedades o fincas.
El fiscal de atención primaria del Ministerio Público, Francisco Marcos-Hermoso, dijo que el delito de estafa en el traspaso de fincas se produce porque las notarías no cuentan con una estructura tecnológica para detectar a aquellas personas que solicitan los servicios notariales para certificar documentos falsos, lo que facilita que se cometan estafas para despojar a legítimos dueños de sus propiedades.
El director del Registro Público, Erasmo Muñoz, coincidió con el fiscal en la vulnerabilidad de las notarías, pero apuntó que esto también afecta a la institución que dirige, en la que se detectan casos de falsedad en inscripción de propiedades.
Sin embargo, aunque el presidente del Colegio de Notarios de Panamá, Cecilio Moreno, no niega lo que sucede en las notarías, señala que en muchos casos los notarios y sus empleados son sorprendidos en su buena fe por los estafadores.
NOTARÍAS, EN LA MIRA PÚBLICA POR ESTAFAS
Liza Méndez es una de las tantas personas que han presentado una denuncia en la esfera judicial por estafa, tras ser despojada de una propiedad.
Hace dos años se dio cuenta de que había dejado de ser dueña de la isla Sevilla, ubicada en el Pacífico, cerca del golfo de Chiriquí, valorada en más de 12 millones de dólares.
Supuestamente, como ella vivía en el extranjero, sus socios crearon una escritura notarial y la excluyeron como socia, trámite que se concretó en una notaría de Santiago, Veraguas.
Méndez se enteró de lo sucedido cuando vio en internet que la propiedad estaba en venta, contó su abogado, Roberto Moreno.
Este caso está en la Corte Suprema de Justicia, pendiente a que se resuelva un amparo de garantías para que el proceso continúe.
Otro caso ocurrió en 2015, cuando varias personas titularon una misma finca en Arraiján, Panamá Oeste, valorada en $7 millones, a pesar de que ya tenía un propietario.
Carlos Valencia, dueño de la finca, presentó–a través de la firma Tejada-Abogados– una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por estafa, que es investigada.
El fiscal de atención primaria del MP, Francisco Marcos-Hermoso, confirmó que hay un aumento considerable de denuncias de estafas relacionadas con propiedades y fincas.
Explicó que el delito de estafa en el traspaso de fincas se produce porque las notarías no cuentan con una estructura tecnológica para detectar a aquellas personas que solicitan los servicios con documentos falsos sobre la compraventa de propiedades o sobre el cambio de juntas directivas de sociedades que regentan el bien.
De acuerdo con el fiscal, el delito que se investiga en los casos de estafa a través de notarías es un delito contra la fe pública, el tercero que más se comete dentro de los delitos contra el patrimonio, después de los robos y hurtos.
Señaló que en este tipo de delitos participan redes criminales, que vulneran los sistemas de seguridad de las notarías y del Registro Público.
El fiscal dijo que con frecuencia los delincuentes utilizan notarías apartadas o alejadas del lugar donde está registrada la propiedad que van a alterar, y por lo general escogen entre sus víctimas a personas que residen en el extranjero y que son dueñas de algún terreno o bien en Panamá.
REGISTRO PÚBLICO
Por su parte, Erasmo Muñoz, director del Registro Público, coincidió con el fiscal en que las notarías son utilizadas para despojar a personas de sus propiedades a través de estafas, documentos falsos y engaños.
Muñoz apuntó que en la cadena de irregularidades también está el Registro Público, institución a la que los supuestos dueños llegan a inscribir las propiedades previamente traspasadas con documentos falsos y otras ilegalidades.
No obstante, el funcionario destacó que el Registro Público realiza tareas de supervisión y control que han permitido gestionar una pluralidad de expedientes durante el año 2017 respecto a los casos de estafas.
“Estas posibles irregularidades detectadas por jefes y calificadores ocurren eventualmente en traspasos de propiedades”, declaró Muñoz.
Precisó que el Registro Público se da cuenta de que un documento puede haber sido alterado antes de la inscripción y después de esta, por lo que procede a interponer las denuncias.
Actualmente, el Ministerio de Gobierno trabaja con los notarios en un proyecto de ley para blindar a las notarías de organizaciones criminales en casos de estafa y alteración de documentos.
Un proyecto de ley que, a juicio de Muñoz, es viable y sobre todo oportuno, con miras a lograr mayor certeza jurídica de los actos notariales y registrales.
El presidente del Colegio de Notarios de Panamá, Cecilio Moreno, explicó que lo que sucede es que a los funcionarios los sorprenden en su buena fe.
Explicó, por ejemplo, que hay quienes presentan cédulas falsas tratando de suplantar a otros. “Estamos todos los días a expensas de que podamos ser sorprendidos por cualquier persona”, dijo.
Aseguró que el proyecto que presentarán en la Asamblea Nacional no es el mejor ni el peor, pero es un avance.
