La Fiscalía Primera de Drogas solicitaría a los archivos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los expedientes relacionados con el arresto, en agosto de 2006, de la mexicana Ariadna Hernández-Lozada, y de María González Reyes y Ali Abd Fares-Shaaban, como parte de las investigaciones que adelanta ese despacho a la familia Waked.
Así lo dijo el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, quien detalló que como parte de la investigación “estoy pidiendo” copia de este expediente.
La decisión de la fiscalía se produce luego de que, el 12 de mayo de 2016, recibiera una carta de la Agencia Norteamericana Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la que le recordaba que en 2006 se produjo la detención de tres personas con dinero en efectivo y a los que se le ubicaron facturas del Grupo Waked Internacional, S.A. (Wisa), del comerciante Abdul Waked.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Abdul Waked y a Nidal Waked, entre otros miembros de esa familia, en la Lista Clinton, por sospecha de lavado de dinero y narcotráfico.
Mora también dijo desconocer si una asistencia judicial solicitada por la Fiscalía General de Colombia en el año 2007, con relación a las actividades del Grupo Wisa, se contestó. La Corte Suprema de Justicia, el 14 de febrero de 2011, rechazó en primera instancia un amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Carlos Carrillo, que pretendía frenar dicha diligencia. En esa ocasión, Carrillo alegó que la asistencia judicial solicitaba información de todos los clientes del Grupo Wisa, sin especificar quienes debían ser objeto de la revisión, y que ello violaba el debido proceso.
Las autoridades colombianas pedían a Panamá la verificación de los antecedentes penales de Abdul Waked Fares, Sain Said Hamed, Walid Ali Waked, Nidal Waked y Ali Mohamed Waked Fares, así como realizar una verificación de los reportes de facturación realizados por el Grupo Wisa.