E l magistrado fiscal Oydén Ortega efectuó recientemente dos diligencias dentro de la investigación judicial seguida al expresidente Ricardo Martinelli con relación a presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de $44.9 millones suscrito en diciembre de 2010 para la compra de comida deshidratada, a través del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN).
A mediados de marzo, el magistrado Ortega pidió una asistencia judicial a Brasil, país de donde provino la comida deshidratada que suministró la empresa contratista Lerkshore International Limited a escuelas públicas de difícil acceso entre 2010 y 2011. Hasta la fecha el fiscal no ha recibido respuestas del pedido.
Posteriormente, el 21 de abril pasado, el magistrado fiscal de la causa solicitó la comparecencia del empresario Javier Pariente para tomarle declaración con relación a este proceso. El empresario no acudió, ya que se encuentra fuera del país desde hace meses, con paradero desconocido.
Pariente fue señalado por el entonces jefe del PAN, Giacomo Tamburrelli, como el único “intermediario” entre la empresa proveedora, Lerkshore International Limited, perteneciente a Rubén De Ycaza.
Con anterioridad a estas dos diligencias ya se había efectuado, el 7 de marzo pasado, una audiencia en la que el juez de garantías en este caso, Jerónimo Mejía, negó un pedido de la defensa de Martinelli para que se anulara la investigación bajo el pretexto de que el fiscal había violado el Código Procesal Penal, al solicitar información sobre cuentas bancarias del exmandatario.
Fue el 29 de enero de 2015 cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió esta denuncia, luego de que la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce, remitió el expediente en el que Tamburrelli declaró bajo juramento que fue Ricardo Martinelli quien le ordenó confeccionar y otorgar el contrato de la comida deshidratada a Lerkshore International Limited.