Los fiscales generales de 12 países comenzaron ayer a intercambiar información en Brasilia sobre el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, que reveló un submundo de financiación ilegal de la política en países de tres continentes.
La escala de los sobornos a funcionarios públicos a cambio de obras y de medidas parlamentarias que orquestó el gigantesco grupo llevó a muchos gobiernos a solicitar información a la Fiscalía brasileña, que los convocó para un inusual encuentro de dos días. De los 16 países invitados, faltaron Mozambique, Antigua y Barbuda, El Salvador y Guatemala, informó la Procuraduría brasileña en el inicio de la reunión judicial, que se realiza con gran hermetismo y sin acceso de la prensa. Los países asistentes, además del anfitrión, son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Gran parte de la investigación sobre la maquinaria de pagos de Odebrecht, un pulpo con múltiples negocios que facturó casi 40 mil millones de dólares en 2015, su último balance, está también bajo secreto de sumario. “Habrá muchas reuniones bilaterales de procuradores”, dijo una fuente ligada a la organización, que pidió no ser identificada. Las prácticas de esta constructora fundada en Bahía (nordeste) en los años 40 le valieron a Odebrecht, S.A. y a su filial petroquímica Braskem una multa de 4 mil 500 millones de dólares, en un caso que abarcó a las justicias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.
El grupo indicó que tiene capacidad para pagar hasta 2 mil 600 millones de dólares, que sumados a la penalidad de unos $900 millones de Braskem, totalizarían 3 mil 500 millones de dólares, una de las mayores penalidades de la historia.