La Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo del fiscal Aurelio Vásquez, será la encargada de investigar a la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés, quien, según una auditoría de la Contraloría General de la República, no podría justificar bienes por $2.5 millones.
La información fue confirmada ayer por fuentes del Ministerio Público, que el 7 de este mes recibió el informe de la Contraloría.
Esta investigación determinó, entre otros aspectos, que entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de mayo de 2015, periodo que comprendió la auditoría, Cortés compró un apartamento valorado en $144 mil en la torre 1 del PH Rokaz; otra propiedad en la torre 2 de ese mismo edificio, que costó $154 mil; una casa de playa en San Carlos, por $255 mil; y otra residencia en Royal Country valorada en $369 mil.
La auditoría también revela que empresas que obtuvieron contratos con el programa Mi Primer Empleo, que impulsó la exministra durante su gestión, habrían depositado sumas de dinero a varias empresas gestionadas por personas cercanas a la exfuncionaria, compañías que a su vez traspasaron estos fondos a la firma Cortés, Cortés, Molino y Asociados.
De acuerdo con la investigación, ese dinero habría sido usado por Cortés para abonar a sus propiedades.
HABLA LA DEFENSA
Alejandro Pérez, abogado que asumió la defensa de la también presidenta encargada del partido Cambio Democrático, anunció ayer que denunciará al contralor general de la República, Federico Humbert, por “divulgar información que la ley señala que es restringida y confidencial”.
Pérez también reiteró que la Contraloría no les ha entregado copia del informe de auditoría, que pidieron la semana pasada. “Todo lo que sabemos es lo que sale en los periódicos. No me han dado copia y hoy [ayer lunes] me dicen que la solicitud que envié a la Dirección de Auditoría Forense debía ser dirigida al contralor”, añadió.
Recientemente, el contralor Humbert dijo que en todas las auditorías que efectúa esa entidad se le da la oportunidad a los aludidos para que hagan sus descargos. Incluso, contó que Cortés estuvo en la Contraloría por su caso, pero optó por no hacer sus descargos. “Razón por la cual, nosotros enviamos [al Ministerio Público] el informe solamente con la información que habíamos recabado”, argumentó.
EL FISCAL
Este caso se suma a otros procesos de alto perfil que están a cargo de Vásquez.
Este funcionario investiga, por ejemplo, supuestas anomalías en la compra de instrumentos musicales con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional durante el gobierno pasado.
También sigue la pista a la presunta contratación irregular del sistema SAP, en la Caja de Seguro Social (CSS), pesquisa en la que se presume que exfuncionarios y empresarios habrían recibido sobornos.
Además, Vásquez investiga al exgobernador de Coclé y empresario Richard Fifer, y a Rodrigo Esquivel, por la presunta retención del pago de cuotas obrero patronales de la CSS a través de tres empresas: Petaquilla Gold, Panamá Desarrollo de Infraestructura y Gastronomía Mar del Sur.
Asimismo, indaga sobre la supuesta red de corrupción de funcionarios del Órgano Judicial.