La Fiscalía General de Colombia capturó a un exviceministro de Transporte acusado de corrupción por recibir $6.5 millones de un soborno de Odebrecht, empresa a la que se le adjudicó en 2009 un millonario contrato para la construcción de una autopista. Se trata de Gabriel García, quien fue director de un instituto encargado de manejar las concesiones viales y que posteriormente fungió como viceministro de Transporte en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Es la primera captura en Colombia en medio de las investigaciones por los sobornos de Odebrecht. “La Fiscalía tiene evidencia de que García exigió el pago de $6.5 millones para garantizar que Odebrecht fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Dos, excluyendo a otros competidores”, dijo el fiscal general, Néstor Martínez.
El fiscal anunció que las pesquisas continúan con el fin de establecer la participación de otras personas, y sostuvo que en el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos se pagaron sobornos por más de $4.5 millones para beneficiar a la constructora.
Por otra parte, Martínez expresó que con Odebrecht se estableció un principio de oportunidad condicionado al pago de 32 mil millones de pesos ($10.7 millones) como reparación del daño causado a la administración pública, con la que podría quedar inhabilitada para licitar obras públicas y obligada a entregar los contratos que ejecuta.
La firma se declaró culpable en diciembre pasado en una corte de Estados Unidos por violar normas contra sobornos fuera del país, como resultado de una investigación en Brasil sobre una extensa red de corrupción. De acuerdo con la sentencia publicada por una corte federal de Brooklyn, entre 2001 y 2016, “Odebrecht realizó e indujo a realizar pagos por un valor aproximado de $439 millones a partidos políticos extranjeros, funcionarios extranjeros y sus representantes en países ajenos a Brasil”.
En Colombia, la llamada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se aseguró contratos de obras públicas entre 2009 y 2014 abonando más de $11 millones en pagos irregulares, que resultaron en operaciones que generaron beneficios superiores a los $50 millones.