La Fiscalía Décima de Circuito citó para el 30 de diciembre a un exestudiante de la escuela El Japón que estuvo presente el día que se hizo el anexo a un muro en dicho plantel, el cual se cayó hace un año ocasionándole la muerte a una estudiante de nueve años y dejando heridas a otras dos.
La fiscal Vielka Vargas Byrne dijo que el testimonio del exestudiante es importante en el expediente, para determinar cuándo se construyó la estructura y así establecer de quién es la responsabilidad de la muerte ocurrida el 4 de octubre de 2012.
Se trata de un joven que cuando supuestamente se construyó el muro, tuvo la tarea de izar la bandera en el plantel ubicado en la Locería, es decir, un testigo presencial del levantamiento de la estructura.
Según fuentes de la fiscalía, no hay una fecha exacta de la construcción o levantamiento de este muro, solo que fue en el mes de noviembre del año 2005. Explicó que para esta fecha ya había una parte del muro levantado, pero se hizo un anexo sin una base sólida, la cual cedió al ser manipulado por los menores el día de la tragedia.
La fiscalía que investiga el caso por delito de homicidio culposo ya ha citado a educadores, trabajadores, funcionarios administrativos y padres de familia, pero nadie ha dado luces sobre quién dio autorización para que se construyera el muro.
diligencias
En el expediente, que recoge declaraciones de más de 35 personas, también se ha citado a rendir declaración jurada a peritos de Criminalística, ingenieros y arquitectos del Ministerio de Educación.
Declararon igualmente la directora nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación, María Pastora Pineda, y el ingeniero municipal Ismael Arosemena Rodríguez, quienes informaron a la fiscalía que no había autorización para construir la estructura en referencia.
Dos peritos de la sección de Planimetría de la Subdirección de Criminalística señalaron que, en efecto, el muro no tenía base sólida.
“El muro estaba a punto de caer”, así lo señala un informe elaborado por peritos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) e incluido en las sumarias del caso. Este informe coincide con el hecho de forma independiente por peritos del Sistema Nacional de Protección Civil, que también fue incluido en el expediente del caso.
En agosto pasado, la Sala Tercera de la Corte Suprema admitió una demanda por $3 millones contra el Ministerio de Educación (Meduca), presentada por la familia de la menor de nueve años fallecida en este hecho.
Esta fue admitida por el magistrado Víctor Benavides, y a ella se anexó un informe de conducta del Ministerio de Educación , luego se corrió traslado a la Procuraduría de la Administración, para que emita su opinión sobre dicha demanda.