La Fiscalía de El Salvador pidió ayer la extradición del expresidente Mauricio Funes y tres de sus familiares, procesados por su vinculación con una red de corrupción que malversó 351 millones de dólares de fondos públicos.
La Unidad Especializada contra el Lavado de Activos del Ministerio Público presentó la solicitud ante el juzgado que investiga a Funes, su pareja y sus dos hijos, quienes se encuentran en Nicaragua donde recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Según la Fiscalía, durante los cinco años del gobierno de Funes (2009-2014) se realizaron diversas operaciones en las que se desviaron 351 millones de dólares que fueron a parar a cuentas de testaferros, familiares y allegados al exmandatario.
Los otros solicitados en extradición son su actual pareja Ada Mitchelle Guzmán Sigüenza y sus hijos Diego Roberto Funes y Carlos Mauricio Funes.
Durante la investigación la Fiscalía encontró 14 inmuebles en el país que asegura son propiedad de Funes, pero que están a nombre de testaferros y otras propiedades a su nombre en Estados Unidos (EU).
Funes habría retirado los fondos del estatal Banco Hipotecario.
De acuerdo con la Fiscalía, Funes gastó 4.5 millones de dólares en viajes de placer a distintas partes del mundo y pagó también boletos de avión para sus familiares y de los de su pareja.
El jefe de la Unidad de Investigación de la Fiscalía, Jorge Cortez, señaló que Guzmán Sigüenza también utilizó parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en California, EU.
En noviembre de 2017 un tribunal condenó a Funes por enriquecimiento ilícito, le ordenó devolver el dinero al Estado y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por 10 años. En la misma resolución condenó a su hijo Carlos Mauricio Funes por el mismo delito.
Funes, de 58 años y que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, es el tercer expresidente salvadoreño procesado por el supuesto desvío de fondos públicos.
El expresidente Francisco Flores (1999-2004) murió en enero de 2016 cuando se encontraba bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio por el supuesto desvío de 15 millones de dólares en 2001.
Por su parte, Tony Saca, que gobernó entre 2004 a 2009, fue condenado recientemente a 10 años de prisión y a devolver al Estado 260 millones de dólares. Saca, tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de casa presidencial, fueron procesados por desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado.