El Ministerio Público de Perú pidió ayer que se sustituya la medida de presentación ante la justicia cada 30 días, que pesa sobre la exprimera dama Nadine Heredia, por la de prisión preventiva, en medio de una polémica suscitada a raíz de su nombramiento como funcionaria de enlace del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en Suiza.
La petición la formuló el fiscal del caso, Germán Juárez, aunque Heredia viajó el pasado martes a Suiza para asumir el alto cargo.
El nombramiento de Heredia, quien es investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos, se conoció el pasado miércoles, y un día después el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski solicitó a la FAO anular la designación, ya que podría ser interpretada como una interferencia en una investigación fiscal en curso.
Juárez solicitó al juez que se abandone el actual régimen de conducta impuesto a Heredia, quien debe firmar un cuaderno ante una sede judicial, y que “se haga efectivo” el pedido de prisión.
El expresidente Ollanta Humala dijo ayer que no entiende la actuación del fiscal respecto a su esposa, quien antes de viajar “cumplió con todas las medidas que le impuso la fiscalía”. Añadió que ella acudió ante el fiscal y el juez “a explicarles que fue seleccionada” por la FAO. Heredia no tiene prohibido salir del país.
La polémica arreció ayer, en vista de que Heredia tendrá inmunidad por su puesto en la FAO. “Los privilegios y las inmunidades [se] extienden al personal de todas las agencias de la ONU, y los miembros del personal de agencias especializadas en el ejercicio de sus funciones”, explicó en un comunicado la portavoz Alessandra Vellucci.
Heredia es investigada desde 2015 por ingresos no justificados por miles de dólares que se habrían usado para las campañas presidenciales de Humala en 2006 y 2011. Sin embargo, a la fecha el fiscal no le ha formulado cargos. La fiscalía asegura que el dinero fue enviado por el gobierno del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, entre 2005 y 2006, y por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en 2011.