La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, anunció ayer que “se encuentra perfeccionando otras diligencias” como parte de la investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública –peculado agravado– en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA) y por la cual están detenidas cinco personas, entre estas, Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva del banco estatal; y Rodrigo Arosemena Pino, exsubgerente de la institución en la pasada administración.
El Ministerio Público (MP) informó ayer en un comunicado que realizará una diligencia de inspección a la computadora encontrada durante el allanamiento efectuado el miércoles pasado en la vivienda de Francolini, en el residencial Balmoral, Costa del Este.
La fiscal Sterling también ordenó la detención preventiva de Eleonor Garrido, ex secretaria general de la entidad financiera; y de otras dos personas, cuyas identidades no han sido divulgadas.
De acuerdo con el comunicado del MP, la fiscal ordenó detener a cinco de seis personas indagadas el miércoles, presuntamente “vinculadas por el delito de peculado en perjuicio de la entidad financiera”.
La información oficial precisa que los hechos investigados guardan relación con una línea de crédito de $10 millones entregada por la CA a HPC Contratas- P&V, con la finalidad de construir el centro de convenciones de Amador.
Destaca el comunicado que el dinero designado por la CA para el consorcio “se destinó para fines distintos”, ya que los empresarios de HPC Contratas pidieron que el desembolso se hiciera así: $7 millones para Summer Venture (empresa no relacionada con la obra); $977 mil 462.50 para Langton International Holding (empresa de Cobranzas del Istmo) y $850 mil para Ilkeston. (Ver infografía).
Summer Venture, Inc. es una sociedad en la que Ricardo Ricky Calvo y Felipe Pipo Virzi –miembros del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli– son firmantes.
Cobranzas del Istmo, S.A., controlada por Cristóbal Salerno, es la sociedad que obtuvo la gestión exclusiva del cobro de la cartera morosa del fisco en el gobierno pasado.
La sociedad Ilkeston es mencionada en la compra de inmuebles que realizó Cristóbal Salerno, accionista mayoritario de Cobranzas del Istmo, S.A., luego de firmar el contrato en 2010 para la gestión de cobros de impuestos al Gobierno.
Previamente, la fiscal Sterling confirmó que la investigación se originó por una nota publicada por La Prensa en octubre de 2015, titulada “Riccardo Francolini, ligado a estructura de corrupción”.
PRIMER DÍA EN PRISIÓN
Francolini y Arosemena cumplieron ayer su primer día de detención preventiva en una celda de la Policía Nacional en Ancón.
Sus abogados no interpusieron ningún recurso legal a su favor hasta las 5:00 p.m., según fuentes judiciales. La fiscalía tampoco ordenó ninguna otra diligencia ayer por este proceso, aunque la fiscal informó que prepara nuevas diligencias.
DEFENSA HABLA
Carlos Carrillo, abogado de Francolini, insistió en que no hay lesión patrimonial al Estado, porque el préstamo a HPC Contratas-P&V ya fue pagado.
El consorcio obtuvo el contrato para construir el centro de convenciones de Amador por $193 millones. La obra –que nunca se completó– fue adjudicada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
Con esta empresa están vinculados Calvo, Mauricio Ortiz Quesada, Claudio Poma Murialdo, todos ellos ligados con la investigación por supuesto blanqueo de capitales en cuentas relacionadas con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, condenado a cinco años de cárcel en marzo de 2015 por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.
Calvo, Ortiz, Poma y otras 11 personas allegadas al exgobernante fueron beneficiadas el 23 de septiembre pasado con un fallo del Segundo Tribunal Superior Penal que anuló dicho proceso, con el alegato de que hubo doble juzgamiento.
QUEJA
Carrillo reiteró ayer la queja de que un reportero gráfico de este medio ingresó al residencial Balmoral, en Costa del Este, durante el allanamiento efectuado por el MP a la residencia de Francolini.
Además, la ex primera dama Marta Linares de Martinelli retuiteó un mensaje de Cambio Democrático, según el cual el periodista ingresó a la diligencia en un vehículo del MP.
El reportero gráfico de este medio Isaac Ortega llegó a la garita del residencial conduciendo su propio vehículo e informó inmediatamente a la seguridad de la urbanización que iba a cubrir un allanamiento, proporcionó su nombre y número de cédula, además portaba su carné y tenía su cámara a la vista. Nunca ingresó a la casa de Francolini ni conversó siquiera con los agentes que llevaban a cabo la diligencia judicial.
CRITICAN POSICIÓN DE LA CAJA DE AHORROS
El excontralor Alvin Weeden criticó la decisión de la Caja de Ahorros (CA) de no constituirse en querellante en este proceso.
Indicó que en estos procesos en los que una entidad del Estado es perjudicada en sus arcas, es importante que la parte afectada sea querellante, porque al serlo, coadyuvará con el fiscal a que el patrimonio de la entidad sea respetado y recuperado.
“Si ellos –la Caja de Ahorros– no se convierten en querellantes, no tienen ninguna acción dentro del proceso. Si fuesen solamente denunciantes, evidentemente ellos no están contribuyendo al proceso”, opinó el excontralor.
“Como querellante, la Caja de Ahorros puede apelar si hubiera un fallo adverso, como ahora se acostumbra, y podría tener acción de apelación frente a cualquier decisión que se tome y viole sus derechos como afectado del delito”, añadió.
Weeden explicó que “el funcionario se encuentra obligado a defender el patrimonio de la entidad y eso se defiende como actúa un particular cuando querella”.
Recordó que este no ha sido el único caso en que el actual gerente de la CA, Mario Rojas, no interviene como querellante en un proceso penal en perjuicio de dicha entidad.
Indicó que lo mismo ocurrió cuando la Fiscalía Sexta Anticorrupción recibió la denuncia sobre R. G. Hotel Ibiza, en Coronado, sobre un préstamo de $5 millones.
“En este caso, el fiscal le pidió a la Caja de Ahorros que se querellara y tampoco lo hizo. Si el señor Rojas tiene miedo, que se vaya para su casa (...). Si él no sabe defender el patrimonio de la entidad que tiene a su cargo, que renuncie”, dijo.
“El señor presidente de la República debe poner orden en esto”, reclamó.
Este caso se encuentra estancado desde octubre de 2015, luego de que la defensa de Fernando Correa, exdirectivo de la CA, presentara un recurso de inconstitucionalidad ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre una solicitud de prórroga pretendida por el Ministerio Público.
El magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, es ponente para resolver el recurso de inconstitucionalidad.
SÍ HAY LESIÓN
Weeden afirmó que el financiamiento otorgado por parte de la CA a la empresa HPC-Contratas es una lesión patrimonial por lo irregular del préstamo.
De acuerdo con su criterio, sí hubo lesión patrimonial “por todo el tiempo que HPC-Contratas estuvo usando ese dinero”.
En tal sentido, Weeden precisó que la empresa “pagó dos años después” y usó“ese dinero para fines que ni siquiera se relacionaban con el contrato del centro de convenciones”.
Manifestó que la línea de crédito fue utilizada para sostener financieramente a la compañía Financial Pacific, que había sido objeto de un desfalco de más de $12 millones en el gobierno pasado.
Por otro lado, este medio consultó al fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, sobre este proceso e informó que no ha abierto una investigación, ya que aún no ha recibido un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.