Como parte de la investigación por el presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno 2009-2014 por contratistas del Estado, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada recuperó $35 millones de $78 millones movilizados a través de la sociedad Blue Apple.
Así lo confirmó ayer el fiscal Aurelio Vásquez, a cargo del caso, quien detalló que recuperaron el dinero y desenredaron la trama de corrupción gracias a siete acuerdos de colaboración y pena firmados con imputados en el proceso.
Vásquez precisó que las empresas involucradas pagaban las coimas a través de sociedades fantasma, a cambio de contratos oficiales.
Recalcó que la investigación se retrasó por la presentación de más de 50 recursos, incluyendo fianzas, incidentes de controversia, habeas corpus y nulidades, que debieron se resueltas tanto por el Juzgado Decimoctavo Penal como por la Corte Suprema de Justicia.
Blue Apple usó 25 empresas de fachada para captar dinero
Un total de 25 empresas de fachada fueron creadas y utilizadas por contratistas del Estado, con el fin de mover $78 millones a través de la sociedad Blue Apple para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), a cambio de contratos oficiales.
Así lo confirmó ayer en conferencia de prensa el fiscal contra la delincuencia organizada Aurelio Vásquez al suministrar detalles del caso conocido como Blue Apple, cuya vista fiscal remitió al Juzgado Decimoctavo Penal el 10 de septiembre, con solicitud de llamamiento a juicio para 59 personas.
De acuerdo con Vásquez, como parte de las investigaciones el Ministerio Público recuperó $35 millones de los $78 millones movilizados a través de Blue Apple.
Según el fiscal, sobre los imputados pesan cargos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, asociación ilícita y falsificación de documentos.
Durante la investigación, que se inició el 11 de septiembre de 2017, la fiscalía firmó siete acuerdos de colaboración y pena que, según el fiscal, permitieron esclarecer la trama de corrupción.
De hecho, Vásquez destacó que estas personas reconocieron su participación en el ilícito y dieron detalles de los actividades irregulares en las que participaron.
Entre otros, la fiscalía firmó acuerdos con Carlos Cerdas, representante de constructora Meco; Juan Alexis Rodríguez, de Constructora Rodsa; y Julián París y Jorge Espino, de Conceptos y Espacios.
El fiscal precisó están pendientes algunos acuerdos de pena, que deben ser homologados por el juzgado.
También informó que en el transcurso del proceso los acusados presentaron más de 50 recursos, mientras que la fiscalía solicitó asistencias judiciales a Bahamas, Suiza, Estados Unidos y China.
En el caso de China, destacó que la asistencia judicial fue acogida y respondida, pero no pudieron ubicar el dinero, ya que fue transferido y se difuminó.
Al mismo tiempo, explicó que se solicitó al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral a cinco de los imputados, que que gozaban de dicha perrogativa tras participar en actividades de ese carácter.
Por otra parte, informó que siguen en trámite procesos de extradición de cuatro personas, entre ellas, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli; así como Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del exgobernante.
En tanto, para la ex primera dama Marta Linares la fiscalía pidió apertura de causa criminal. Se le vincula con el caso porque figura como representante legal de la Fundación Lemar, mencionada en el expediente.
Otros imputados son los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford; el exdirector del Programa de Ayuda Nacional Giácomo Tamburrelli; el exadministrador de Contratos del MOP Jorge Churro Ruiz (detenido); y el empresario Riccardo Francolini.
También figuran Evelyn Vargas Reynaga, Segio González Ruiz, José Henry Icaza, Manuel Ruiz, Federico Barrios Alain, Joaquín Rodríguez Salcedo, entre otros.