Por la supuesta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, estafa y falsificación de documentos, la Fiscalía Especial de Descarga pidió al Órgano Judicial llamar a juicio a 11 personas, entre ellas, funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, reclusos y particulares, que supuestamente formaban parte de una red que efectuaba cobros ilegales por otorgar libertades, traslados y conmutación de penas a reos, entre otros beneficios.
Según la investigación judicial, se comprobó que la red estafó a un sinnúmero de detenidos y a sus familiares, utilizando documentos y supuestos trámites.
Se calcula que la banda cobró cerca de $80 mil por estos cobros ilegales.
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