La Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitó al Juzgado Decimoquinto Penal hacer las averiguaciones pertinentes a fin de determinar si el objetivo de los viajes realizados fuera del país, con autorización de ese despacho, por la empresaria Poulett Morales es para atender asuntos de su salud u otros motivos.
El pedido de la fiscalía está consignado en un oficio remitido por el fiscal segundo Anticorrupción encargado, Javier Mitre Burgos, el 25 de julio de 2016 al juez Leslie Loaiza.
Morales, quien tiene impedimento de salida del país, tendrá que enfrentar el próximo 18 de agosto junto con otras 19 personas, entre empresarios y particulares, una audiencia de fondo por la investigación relacionada a presuntas irregularidades en los contratos para la compra y distribución de 600 mil mochilas escolares, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), por $12 millones.
La fiscalía formula su petición basada en informaciones aparecidas en medios de comunicación en los que se afirma que a Morales la han visto “en bares de la ciudad de Bogotá, Colombia, bailando y disfrutando, hechos por los cuales no fueron concedidos permisos de salida del país”.
Morales ha solicitado a través de su abogado, Giovani Olmos, permisos al juzgado para viajar fuera del país del 22 al 27 de junio de 2016, luego solicitó otro entre el 20 y el 25 de julio de este año y tiene otro pendiente, del 23 al 28 de agosto de 2016.
El fiscal indica en su nota que esa agencia de instrucción no se opuso a ninguna de las autorizaciones para salir del país concedidas a Morales, por cuanto que alegó que eran para tratarse asuntos de su salud y para ello aportó documentación médica.
Además, el fiscal le advierte al juez que “si se logra acreditar los hechos noticiosos que den cuenta que efectivamente la sumariada asiste a centros de diversión en horas nocturnas en la hermana república, esto implica el buen estado de salud actual de la prenombrada, por lo que deviene entonces, que la cuantía de la fianza de excarcelación se debe aumentar o en su defecto, revocar la misma (...)”.
Morales, mediante el auto de fianza No. 25 del 14 de octubre de 2015, se le concedió una fianza de excarcelación por $100 mil, la cual fue consignada el 22 de octubre de ese año, lo que le permitió salir de una celda transitoria en la Policía Nacional, donde estuvo recluida desde el 3 de junio de 2015.
La imputada fue sometida a una intervención quirúrgica y durante el posoperatorio tuvo graves complicaciones infecciosas y de peligro, lo que alegó su abogado para pedir el cambio de medida cautelar.
En febrero de 2015, la Fiscalía Segunda Anticorrupción le imputó cargos a Morales por la supuesta comisión de cuatro delitos: peculado, estafa, corrupción de servidores públicos y fraude en contrataciones públicas.
En un informe de auditoría de la Contraloría se determinó que seis empresas habrían ocasionado una lesión al Estado de $14.2 millones, por los contratos para la compra de 600 mil mochilas escolares en el quinquenio pasado.
A través de sus sociedades, APM Supplies y Comercializadora Galbedusa Panamá, S.A., la empresaria obtuvo contratos por $6 millones para la compra y distribución de las mochilas escolares.