La Fiscalía Especial Anticorrupción que desde el pasado lunes practica una inspección ocular en las oficinas centrales de la Caja de Seguro Social (CSS) –ubicada en Clayton– verifica los registros de las planillas y el listado de los trabajadores que fueron excluidos del pago de la cuota obrero-patronal, para determinar si las empresas vulneraron el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) y si causaron alguna lesión económica a la entidad.
Estas diligencias forman parte de la investigación que realiza el Ministerio Público por un supuesto desfalco a la CSS a través del SIPE, denunciado por directivos de la entidad.
El personal de la fiscalía efectúa una inspección en el Departamento de Planillas de la CSS, a fin de revisar los reportes de pagos de cuotas efectuados al SIPE por las empresas bajo investigación y determinar si se ajustan o no a la información aportada al seguro social.
En este caso, la fiscalía apunta a la posible vinculación de funcionarios de la CSS que pudieran haber omitido informar de irregularidades o que participaron directamente en la alteración de la información suministrada a la institución.
En la diligencia, la fiscalía también solicita información a la Dirección de Auditoría de la CSS sobre el sistema usado para verificar los datos emanados del SIPE y conocer si las empresas estaban cumpliendo con la declaración de los trabajadores a los que debían descontar la cuota obrero-patronal.
La fiscalía tiene previsto continuar con la diligencia de inspección en las direcciones de Informática y Auditoría Interna de la CSS.
La búsqueda de información abarca desde el año 2012 hasta 2018, por lo que la fiscalía estima que deberá hacer varias diligencias para acopiar toda la información correspondiente al citado periodo.
La investigación sobre este caso se inició de oficio por parte del MP el pasado 19 de abril, tras publicaciones que revelaban presuntas irregularidades en el manejo del sistema SIPE y que podrían alcanzar $300 millones.
Inicialmente, la Fiscalía de Atención Primaria inició las pesquisas por este caso e informó que había 14 empresas vinculadas al presunto desfalco.
En tanto, el vicepresidente de la junta directiva de la CSS, Roberto Valencia, indicó ayer que espera que la investigación que realiza el Ministerio Público sirva para aclarar lo que ocurrió con el SIPE, por respeto a los empresarios serios de este país.
No obstante, sostuvo que también espera que haya sanciones ejemplares para quienes se aprovecharon de las debilidades que tiene este sistema para causar una lesión patrimonial a la institución y a los trabajadores.
Agregó que esta acción pudiera poner en riesgo las jubilaciones de los cotizantes, pero también la salud de la población.
Valencia recordó que cuando llegó a la junta directiva varios directivos observaron que esta plataforma electrónica tenía informes que no coordinaba con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República y tampoco hacia la corrida de la información como era debido.
En relación con la investigación, indicó que la junta directiva giró instrucciones al director de la CSS para que facilite toda la información necesaria para esclarecer los hechos.