Las fiscalías de Ecuador y Brasil acordaron mecanismos expeditos y directos de cooperación y acceso a la información para investigar el caso de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de entregar millonarios sobornos en 10 países americanos y 2 africanos a cambio de obras públicas.
El fiscal general de Ecuador, Carlos Baca, que se encuentra en Brasilia, se reunió con el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, y ambos acordaron formar un equipo conjunto que permitirá que las delaciones, evidencias y documentos de la trama de corrupción de Odebrecht sean conocidas en toda su integridad.
Asimismo, se canalizará la entrega de información por parte de la propia empresa, destacó la fiscalía. Ejecutivos de la compañía han señalado que entregaron 33.5 millones de dólares a funcionarios de Ecuador, a fin de acreditarse obras estatales, aunque no se conoce quiénes están involucrados.
En torno al caso, el único funcionario detenido es el exministro de Energía y Electricidad, Alecksey Mosquera, además de un empresario que presuntamente actuó como testaferro, acusado de recibir un millón de dólares de Odebrecht.
Como parte de los convenios, también hay mecanismos para recibir directamente versiones de ejecutivos de Odebrecht y recabar evidencias en Brasil, mediante acción directa del equipo de fiscales ecuatorianos, así como activar vías para que la información en torno al caso pueda fluir con la urgencia y validez que exige una investigación de esta naturaleza.
Añadió que la veracidad de toda la información que reciba la fiscalía de Ecuador “será corroborada y comprobada, será además certificada y depositada en un archivo auténtico, con fines judiciales, archivo que será publicado en la página web de la fiscalía conforme pueda hacerse público”.
Ecuador ha intentado suscribir un acuerdo judicial con Odebrecht, pero aún no ha podido concretarlo, porque la empresa ha pedido a cambio ser eximida de responsabilidades judiciales y económicas, y que se le garanticen nuevos contratos para pagar eventuales indemnizaciones.
La fiscalía también revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma brasileña con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados. El gobierno del expresidente Rafael Correa impulsó proyectos por alrededor de mil 600 millones de dólares con Odebrecht, que ahora tiene prohibido por ley suscribir contratos en este país.
Entre tanto, centenares de manifestantes reanudaron ayer, luego de una tregua de 100 días, las marchas de protesta contra la concesión de peajes en una carretera construida en el norte de Lima por la brasileña Odebrecht , también procesada en el país andino por casos de corrupción.