Cargos por la supuesta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos fueron imputados por la Fiscalía Auxiliar a 24 funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, tras su detención el pasado lunes.
Una fuente judicial confirmó que el fiscal Marcelino Aguilar, a cargo de la investigación, ordenó la detención de los 24 funcionarios y de 4 particulares.
La investigación, que comenzó en diciembre pasado, dejó al descubierto una red de funcionarios que, en sociedad con empresarios de la localidad, permitían la entrada irregular al país de mercancía.
La Fiscalía Auxiliar formuló cargos y ordenó la detención preventiva de 24 funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y de otros cuatro particulares, luego del operativo realizado el pasado lunes 4 de abril, en el que fue desarticulada una supuesta red de corrupción que operaba en la entidad.
Una fuente ligada a la investigación reveló que el fiscal Marcelino Aguilar concluyó las indagatorias la noche del pasado miércoles y efectuó otras diligencias en la ANA para verificar documentos. También se informó que el mencionado despacho judicial está tras la pista de más personas que estarían vinculadas con la trama para introducir mercancía al país por el Aeropuerto de Tocumen sin que fuese registrada.
En la investigación, que se inició en diciembre pasado, se han recabado documentos que probarían cómo, a cambio de dinero, funcionarios de la ANA y empresarios cómplices violaron los controles de las aduanas para meter la mercancía a Panamá, hecho que permitió a las compañías obtener ganancias sin pagar impuestos.
ESPERAN INFORME
Mientras tanto, la oficina de prensa de la ANA informó que el director de la entidad, José Gómez, está a la espera de un informe de la Fiscalía Auxiliar sobre la situación procesal de los detenidos, antes de tomar una acción administrativa contra ellos.
Añadió, que el equipo de Asesoría Legal de la institución acudió a la fiscalía para asistir a los servidores públicos sospechosos de estar involucrados en la trama de corrupción.
Los detenidos permanecerán en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) hasta que se ordene su traslado a un centro penitenciario.
Para la ejecución de la operación, el Ministerio Público intervino los teléfonos de algunos de los señalados, acción que fue previamente autorizada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, manifestó que en este caso se confirmó la figura del “corruptor y el corrupto”.