Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) y estrechamente vinculado al expresidente Ricardo Martinelli, rindió indagatoria ayer ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, que adelanta una investigación por supuestos delitos contra la administración pública en perjuicio de ese banco estatal.
Francolini entró a la fiscalía cerca de las 10:00 a.m. por una puerta reservada para los servidores del Ministerio Público (MP), escoltado por agentes policiales que lo condujeron desde su residencia en Costa del Este, por orden de la fiscal Tania Sterling, para cumplir con la diligencia.
Además de Francolini, el ex subgerente general de la CA Rodrigo Arosemena Pino fue conducido a la fiscalía. Otros tres exfuncionarios ligados a la línea de crédito que otorgaba la entidad estatal comparecieron ante la fiscalía para ser indagados por el citado proceso.
Paralelamente a la conducción de Francolini, agentes policiales y funcionarios del MP realizaron una inspección judicial en la residencia del exdirectivo de la CA relacionada con la investigación en proceso.
La junta directiva que encabezó Francolini la conformaron Ricardo Chanis, Ricardo Arango, Anastasio Ruiz y Fernando Correa Jolly. El abogado de este último, Ángel Calderón, se presentó en el edificio Avesa, sede de las fiscalías anticorrupción para -según explicó- leer el expediente. Como gerente general de la CA fungió Jayson Pastor.
La exalcaldesa Omaira Mayín Correa -tía de Fernando Correa- también se presentó al Avesa. Igualmente concurrió Carlos Carrillo, abogado de Francolini, quien a su llegada dijo: “Hay una orden de conducción, no puedo dar mayores declaraciones... él es presidente de un medio [Nex TV], la investigación está basada en investigaciones periodísticas de un medio contrario al que representa el señor Francolini”.
Carrillo apeló al MP que dé“un ejemplo” de la aplicación de los principios rectores del sistema penal acusatorio (SPA), “ya que se trata de un presidente de un medio, y que se refiere a actos en una institución gubernamental a la cual él no ha estado vinculado en los dos últimos años, y de un proyecto y una facilidad crediticia que fue cancelada por sus beneficiarios”.
El abogado también dijo desconocer la cantidad del préstamo que es objeto de investigación por el MP, “porque ya fue cancelado... El problema está que manejan cifras millonarias de personas que coyunturalmente ejercieron un cargo en junta directiva y que no son servidores públicos”.
Carrillo abandonó el edificio Avesa a las 2:00 p.m., y a su salida comentó que aún no había empezado la indagatoria. Carrillo se quejó: “se repite la historia y un medio tuvo acceso a tomar fotografías en la casa del empresario que no tiene ninguna vinculación con actividad delictiva... Eso es violatorio de la presunción de inocencia”.
A las 5:15 p.m., Carrillo regresó a la sede de la fiscalía, pero informó que se le prohibió la entrada al piso en el que está ubicado el despacho de la fiscal Sterling. En la oficina de la fiscalía, ya estaba el abogado y exmagistrado de la Corte Aníbal Salas, como representante legal de Francolini.
Carrillo denunció que recibió información de que hay agentes del Consejo de Seguridad en el Avesa.
Reacciones
Colaboradores de Nex TV y empleados de Epasa, medios vinculados a Martinelli, realizaron un piquete en las afueras de la planta televisora para protestar por lo que denominaron un “ataque a la libertad de expresión” por la conducción de Francolini, presidente de la junta directiva de esa empresa.
Entrevistado por Nex TV, el expresidente Martinelli denunció que la acción contra Francolini fue previamente anunciada por el diputado José Luis Varela, durante la convención del Partido Panameñista, cuando anunció que responderían a los ataques.
Previamente, en su cuenta de Twitter, Martinelli había convocado al mitin.
En tanto, el presidente Juan Carlos Varela durante una actividad en Aguadulce, Coclé, negó que su gobierno tenga injerencia en el proceso seguido a Francolini, y reiteró que se trata de un asunto exclusivo de la justicia.
El préstamo de la CA
Según la publicación de La Prensa del 22 de octubre de 2015 titulada: “Riccardo Francolini, ligado a estructura de corrupción”, se dieron detalles del préstamo otorgado por la CA y la supuesta ruta del dinero, situación que es objeto de investigación por el MP.
La nota señaló que en octubre de 2012, al consorcio HPC-Contratas-P&V le fue adjudicada la licitación por mejor valor para construir el centro de convenciones de Amador, por $193 millones.
A este consorcio, que no concluyó la obra, están vinculados Ricky Calvo Latorraca, Mauricio Ortiz Quesada y Claudio Poma Murialdo.
A finales de 2012, el consorcio HPC-Contratas-P&V recibió una línea de crédito de la Caja de Ahorros, por $9 millones, para financiar el centro de convenciones en Amador. El dinero fue depositado en la cuenta No. 327830000748 de la CA.
Justamente, por entonces, Francolini era miembro de la directiva de la entidad bancaria estatal.
Posteriormente, el 2 de enero de 2013, el consorcio HPC-Contratas-P&V deposita $7 millones en la cuenta 20060301000003984 del Banco Universal a favor de Summer Venture, Inc., una sociedad en la que Ricardo Ricky Calvo y Felipe Pipo Virzi- miembros del círculo cero de Martinelli- son firmantes.
Días después, Summer Venture, Inc., señala la investigación, depositó $7 millones a la cuenta de Financial Pacific (FP), presuntamente para llenar el hueco financiero tras un millonario desfalco que se registró para esa época en la casa de valores. Supuestamente, el dinero habría provenido de la línea de crédito que otorgó la Caja de Ahorros.
Dinero de H&H
Además, la investigación periodística cuenta que Virzi depositó el 9 de agosto de 2012 a la cuenta Summer Venture, Inc., un cheque por $5.2 millones producto de la transferencia que había recibido de la empresa Hidalgo & Hidalgo, encargada del fallido proyecto de riego de Tonosí en la provincia de Los Santos.
Se reporta también que el 14 de agosto de 2012, Summer Venture, Inc., depositó un cheque por $500 mil a favor de Promotora y Desarrollo Los Andes, en la que Francolini figuraba como secretario de la junta directiva de esa sociedad, ligada al expresidente Martinelli.
no cumplieron con la obra
El consorcio HPC-Contratas-P&V, al que están ligados Ricky Calvo, Mauricio Ortiz Quesada y Claudio Poma Murialdo, no cumplió con la construcción del centro de convenciones de Amador.
La obra estuvo paralizada por 14 meses y no fue hasta julio de este año que el presidente Juan Carlos Varela anunció la reactivación de la obra con nuevo diseño y que la haría el consorcio CCA-Coci. Este grupo está conformado por las empresas CCA Building Panamá, S.A.; China State Construction Engineering Corporation, Ltd., y Construcciones Civiles Generales, S.A.
beneficiados con licitaciones y fallos
Mientras, el HPC-Contratas-P&V obtuvo millonarias entradas en licitaciones que logró en el gobierno de Martinelli.
El consorcio, por ejemplo, construyó el Minsa-Capsi de Macaracas, provincia de Los Santos, a un costo final de $16 millones. Inicialmente fue licitado en $11.6 millones. También ganó un contrato de $15 millones para construir y equipar el mercado público de David, en la provincia de Chiriquí.
Además, Ricky Calvo, Mauricio Ortiz Quesada y Claudio Poma Murialdo fueron beneficiados con el reciente fallo del Segundo Tribunal de Justicia, del 23 de septiembre de 2016, que anuló el proceso seguido por supuesto blanqueo de capitales con relación a cuentas del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna.
Calvo, Ortiz, Quesada y Poma Murialdo se mantienen prófugos de la justicia, tras ser requeridos por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada desde inicios de 2015, para que rindan indagatoria por esta investigación de blanqueo de capitales. En este proceso también ha sido vinculado Pipo Virzi, quien tiene medida cautelar de país por cárcel.
