Se refrendaron y otorgaron contratos “de manera irregular” a empresas que ocasionaron una lesión patrimonial al Estado por $14.2 millones. Además, se permitió que un solo grupo de personas, que representaban a su vez a distintas sociedades anónimas, se beneficiara “ilícitamente” con estos actos públicos en los que personas naturales y jurídicas se pusieron de acuerdo para fijar los precios para el suministro y distribución de las mochilas escolares.
Lo anterior es parte de los argumentos de la fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, para pedir el llamamiento a juicio de 6 exfuncionarios y 12 comerciantes en el proceso seguido por la compra de mochilas escolares a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y del Ministerio de Educación (Meduca).
A los implicados, entre los que figuran la exministra de Educación Lucy Molinar; el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén; y los comerciantes Poulett Morales, Pablo Ruiz Obregón y Mario Martinelli, se les acusa de la supuesta comisión de los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, y fraude en actos de contratación pública. Mientras que se les sobreseyó de la supuesta comisión del delito contra el patrimonio económico.
“Se ha lesionado la confianza de la comunidad en general y sobre todo, el erario del PAN y del Meduca”, advirtió Broce.