La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de la autorización emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para remover una garita en el área de Punta Pacífica, al admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por residentes del área.
Mediante resolución del pasado 25 de febrero, el magistrado Víctor Benavides, ponente del caso, admitió el recurso legal presentado por Juan Carlos Henríquez en representación de los residente del PH Courtyard View, que se oponen al derribo de la garita de seguridad que se encuentra en la calle Punta Coronado, en la entrada de un complejo de edificios.
Además, Benavides acogió la petición presentada por los demandantes, de suspender provisionalmente la orden emitida por el director de la ATTT, Roberto Moreno, de eliminar la garita.
Mediante nota No. 36DG/OAL del 10 febrero de 2014, la ATTT ordenó al director de Tránsito y Seguridad Vial, Carlos Ayuso, derribar la estructura, bajo el argumento de que se encuentra en un sitio de dominio público.
Sin embargo, en el amparo se establece que la garita está en propiedad privada y se ubicó en ese lugar por motivos de seguridad.
El recurso legal estipula, además, que la orden de la ATTT fue emitida sin darle oportunidad a los afectados, dentro de un proceso, de hacer valer sus derechos.
Con la admisión de la demanda se solicitó a la ATTT enviar un informe a la Corte sobre su actuación en este caso y las razones en que fundamenta su decisión.
Luego de aportadas las consideraciones de ambas partes, el magistrado sustanciador elaborará un proyecto de fallo que será puesto a circular entre los restantes ocho magistrados que forman el pleno de la Corte Suprema.
Según los residentes de Punta Pacífica, la remoción de la garita es para favorecer un proyecto inmobiliario.