Una unidad de Odebrecht, S.A., la empresa constructora cuyo exdirector ejecutivo cumple una condena de 19 años de prisión como parte de un extenso escándalo de corrupción en Brasil, todavía no ha recibido un préstamo de $4.1 billones para un proyecto clave en América Latina, dijeron dos personas con conocimiento directo del asunto.
Los comités de crédito de un grupo de 20 bancos que ofrece el préstamo sindicado hasta ahora se han negado a firmar el acuerdo, que en un inicio debía ser aprobado el año pasado para financiar un proyecto de gasoducto de gas natural en Perú, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.
Los departamentos de cumplimiento de los acreedores no se sienten cómodos dándole este préstamo a Gasoducto Sur Peruano –una empresa de propósito especial conocida como GSP, controlada por Odebrecht– debido a la preocupación por el escándalo de corrupción y las posibles multas que podría enfrentar el conglomerado, dijeron las fuentes.
GSP, controlada por Odebrecht con una participación del 55%, se adjudicó la licencia de 34 años para construir y operar el gasoducto de mil 80 kilómetros, en junio del 2014. La española Enagás, S.A., tiene una participación del 25%, mientras que Grana y Montero SAA, de Perú, compró una participación del 20% en septiembre por $215 millones.
Odebrecht está tratando de vender su participación y está en conversaciones con cinco posibles licitadores, dijo un portavoz de la empresa constructora con sede en São Paulo que se negó a dar los nombres de las empresas. Odebrecht ha transferido la gestión de GSP a Enagás, dijo el funcionario, quien se negó a hablar sobre el préstamo. GSP también declinó hacer comentarios.
GSP ha estado usando préstamos puente más costosos, mientras espera el financiamiento de los bancos, dijeron las fuentes. En una entrevista el año pasado, el entonces director financiero de GSP, Marko Harasic, dijo que esperaban en un inicio cerrar el préstamo en julio.
“Nuestra tarea es delimitar el ámbito de aplicación del proyecto en Perú y presentar un paquete de informes sobre cumplimiento de la normativa para tranquilizar a los bancos”, dijo Harasic.
La delimitación del ámbito de aplicación (ring-fencing, en inglés) es el término financiero para indicar que se separan los activos con el fin de protegerlos de reclamos contra la sociedad matriz, así como también de restricciones y leyes en el país de origen.
Marcelo Odebrecht fue condenado en marzo a más de 19 años de prisión por participar en un esquema de sobornos para obtener contratos con la petrolera estatal de Brasil, Petrobras.
El retraso en la financiación es un ejemplo más de cómo el escándalo de corrupción más grande en la historia de Brasil está teniendo repercusiones más allá de sus fronteras. La extensa investigación sobre el esquema de “pagar para participar” ha suprimido líneas de crédito para proyectos de infraestructura, contribuyendo a hacer caer a Brasil en una recesión que se prevé será la peor en un siglo.
El presidente del Perú, Ollanta Humala, ha dicho que el gasoducto es necesario para reforzar el suministro de energía y ayudar a reactivar la economía del país dependiente de la minería después de la caída de los precios de los metales.
Se espera que 14 bancos actúen como “coordinadores de la emisión” (bookrunners) del préstamo sindicado de $4 mil 100 millones que brinda $275 millones en financiación, dijo Harasic el año pasado.
Estos incluyen a Sumitomo Mitsui Banking Corp., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mizuho Bank Ltd., Credit Agricole, S.A., Natixis, S.A., Société Générale, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Instituto de Crédito Oficial, Bank of Nova Scotia, Citigroup Inc., Intesa Sanpaolo. SpA, DNB ASA e ICBC Standard Bank. Plc.
Otros seis bancos también están participando, entre ellos, Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Korean Development Bank, KfW Development Bank y GE Energy Financial Services Inc.