Las polémicas declaraciones de un alto funcionario sobre el número de desaparecidos y las acciones de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura (1976-1983) dejaron otra vez expuesto al gobierno de Mauricio Macri a duras críticas por su política de derechos humanos.
El director general de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, negó durante una entrevista televisiva la existencia de un plan sistemático de desaparición de disidentes durante el régimen, y tampoco aceptó la cifra de 30 mil víctimas que denunciaron los organismos de derechos humanos al afirmar que “no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”.
Si bien Gómez Centurión pidió luego disculpas por lo dicho, el Gobierno recibió ayer duras críticas de parte de familiares de los desaparecidos y sobrevivientes.
“Esta es la visión del gobierno”, afirmó Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. “Si Gómez Centurión no representa al Gobierno, que lo echen”.
Por su parte, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, pidió: “no volvamos a crear situaciones de ver qué se hace, disculparlo, entenderlo, se equivocó... Aquí no hay errores, aquí hay una política clara de querer borrar el tiempo”.
En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos indicó que las opiniones de Gómez Centurión “son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno”.
Recordó que la justicia determinó que “el terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robo de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias”.
Un día antes de las declaraciones de Gómez Centurión, el gobierno había dado marcha atrás a un decreto por el cual fijaba como feriado móvil el 24 de marzo, declarado como día nacional de la memoria por la verdad y la justicia, en coincidencia con la fecha del golpe de Estado de 1976.
La amenaza de una marcha multitudinaria convocada por organismos de derechos humanos sumada a la decisión de alcaldes y gobernadores opositores de no acatar la resolución llevó al presidente a declararlo como feriado inamovible.