El presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –capítulo panameño de Transparencia Internacional–, Ramón Ricardo Arias, reaccionó ayer a un comunicado de la Procuraduría General de la Nación divulgado el martes, en el que dice haber cumplido la petición de información solicitada por Brasil sobre cuentas bancarias de la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A. en la banca local.
Arias indicó que a la Fundación “le ha sorprendido” un comunicado de prensa en el que se menciona que [la Procuraduría] estaba restringida de cooperar con las autoridades penales brasileñas por razón de la Ley 6 de 2002” (Ley de Transparencia).
“Como ONG que participó activamente en la redacción y promulgación de dicha Ley, nos parece inaudito que se pretenda citar dicha norma de excusa para negar o limitar una ayuda internacional en materia penal. Sobre todo en un caso tan sonado de corrupción y blanqueo de capitales”, afirmó Arias.
Dicha ley –añadió–“no es aplicable en casos de peticiones de cooperación internacional penal”, como las que han hecho los fiscales brasileños en la Operación Lava Jato.
En todo caso, la procuradora Kenia Porcell debió apoyarse en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Nacionales Unidas contra la Corrupción, tratados de los que Panamá y Brasil son partes, dijo Arias.
“Reiteramos que si Panamá pretende que se le tome en serio en la comunidad de naciones, respecto a su lucha contra la corrupción y el compromiso con la transparencia, sus funcionarios deben perder el miedo a ser enérgicos y firmes en la lucha contra este fenómeno. Si la labor de la Cancillería y de los grupos de notables no es acompañada de una actuación consecuente de los administradores de justicia, todo el esfuerzo del Ejecutivo será en vano”, concluyó Arias.