Las consideraciones de Grupo Unidos por el Canal (GUPC) de sobrecostos por mil 600 millones de dólares en la construcción del tercer juego de esclusas “carecen de sustento legal y no son claros, por lo que no dan al contratista motivos para suspender la obra”, respondió ayer la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
En un comunicado, la institución recordó al contratista que el pasado 13 de diciembre le exigió responder en siete días el motivo de varias faltas y presiones ilegítimas para retrasar la ejecución del proyecto; sin embargo, a pesar de la disposición de la ACP, el consorcio no ofreció una respuesta.
GUPC, a través de una carta enviada el pasado 30 de diciembre, amenazó con suspender los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas si en un plazo de 21 días no recibe respuesta a su solicitud de mil 600 millones de dólares en supuestos sobrecostos en la obra.
En su misiva, la ACP advirtió de que la aplicación de la subcláusula 16.1 del contrato –citada por el consorcio para suspender los trabajos– está equivocada, porque esta solo aplica cuando la ACP incurra en un impago de las cuentas al contratista, lo cual no ha sucedido.
Aunque el administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, ha reiterado que los únicos canales de reclamo que tiene el contratista son los establecidos en el contrato, la expectativa se centra en los resultados que tendrá hoy la reunión entre el presidente, Ricardo Martinelli, y la ministra de Fomento de España, Ana Pastor.
En el encuentro también participará el secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia.
Se conoció que Pastor mantendrá encuentros con representantes de GUPC y de la ACP, entidad autónoma del Estado responsable de la administración y operación del Canal.