Inhabilitar a empresarios envueltos en actos de corrupción y obligar a la Dirección de Asistencia Social –otrora Programa de Ayuda Nacional– a licitar a través de la web de PanamaCompra.com, son reformas propuestas a la Ley de Contrataciones Públicas.
El director de Contrataciones, Eduardo Corro, confirmó que esta semana se propondrán las modificaciones al Consejo de Gabinete para su aprobación.
A la empresa Kadair, S.A., se le han otorgado contratos, pese a escándalos de corrupción de uno de sus dueños: Aarón Mizrachi.
Para inhabilitar a las empresas en las que sus directivos hayan estado envueltos en actos de corrupción y condenados por delitos contra de la administración pública, la Dirección de Contrataciones Públicas presentará esta semana un anteproyecto de ley al Consejo de Gabinete para su aprobación y posterior debate en la Asamblea Nacional.
El director de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro, confirmó que el anteproyecto contiene modificaciones a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, porque “se está buscando una ley más transparente, eficiente, protectora de los intereses del Estado y que incentive una mayor participación” de las empresas.
¿Se esperará a que exista una condena antes de inhabilitar a estas empresas? “Eso es parte de la incapacidad, pero también la facultad que tendrán las entidades para inhabilitar a las empresas que no hayan cumplido con los contratos”, respondió Corro.
Las reformas también contemplan que las juntas comunales y la Dirección de Asistencia Social (DAS) –el otrora Programa de Ayuda Nacional, sumida en escándalos de corrupción–, tendrán que licitar a través del portal web PanamaCompra.com.
“Seremos más estrictos con las multas a los funcionarios que no cumplan con los procedimientos de la ley”, prometió, y dijo que eliminarán las contrataciones menores apremiantes y las licitaciones abreviadas, ya que estas “no le dan tiempo suficiente a las empresas para que preparen sus ofertas”.
A través de estos mecanismos, empresas como Kadair, S.A. –vinculada con Aarón Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli– lograron adjudicarse en el pasado gobierno e, incluso, en el de turno, contratos millonarios.
Mizrachi abandonó el país en julio de 2015, tras el escándalo que surgió al conocerse la adquisición de Pegasus, un equipo de espionaje israelí que está desaparecido. Pese a ello y de un posible incumplimiento de contrato, Kadair ha logrado contratos en esta administración por más de $7.7 millones.
Para Carlos Gasnell, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, las reformas prometidas en campaña por el presidente Juan Carlos Varela están demorando. Dijo que no deben hacerse “modificaciones cosméticas”, ya que, tal como está la Ley 22, sirvió para que “se generalizaran los abusos”.
Gasnell indicó que la Contraloría debe tener una mayor participación en los actos públicos. “Puede y debe objetar contratos cuyos montos estén evidentemente alejados de los valores razonables del mercado, incluso cuando haya una licitación”, indicó.
Consideró que las reformas deben incluir “más responsabilidad para quienes calculan los precios de referencia”.
El excontralor Carlos Vallarino coincidió con Gasnell en que urgen modificaciones y que exista mayor competencia. “Pareciera que no quieren hacerlo”, concluyó.