Los padres de familia que tienen hijos en escuelas y universidades particulares podrían beneficiarse con deducciones anuales del impuesto sobre la renta hasta por $3 mil 600 por cada dependiente.
Este beneficio quedó establecido en el proyecto de ley No. 307, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional.
El documento, que consta de tres artículos, adiciona un numeral al artículo 709 del Código Fiscal, que se refiere al tipo de deducciones anuales a las que tienen derecho las personas naturales.
Se precisa que los gastos escolares en los que incurra el contribuyente con respecto a los dependientes en concepto de matrícula, mensualidad, útiles y transporte escolar serán deducibles.
Así mismo, serán deducibles los gastos en educación superior de los dependientes mayores de edad del contribuyente que aún se encuentren bajo su tutela, relativos al pago de la matrícula. Además, este beneficio deberá ser extendido a los contribuyentes que sufraguen sus propios estudios.
Juan Carlos Arango,
diputado proponente del proyecto de ley.
Finalmente, el documento menciona que esta norma comenzará a regir a partir del periodo fiscal que se inicia el 1 de enero de 2019.
El proyecto de ley fue presentado en enero de 2016 por los diputados Juan Carlos Arango, del Partido Popular; Héctor Valdés Carrasquilla, de Cambio Democrático; y Samir Gozaine, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Posteriormente, fue respaldado por otros 10 diputados.
Siguiente fase
La sanción presidencial y la reglamentación del proyecto de ley son los próximos pasos a seguir para que esta iniciativa legislativa se haga efectiva.
Arango expresó que “no debería haber ninguna razón” para que la propuesta no cuente con el aval del Órgano Ejecutivo.
“Con este proyecto se hace justicia social a las cientos de familias de la clase media que se esfuerzan por brindar una mejor educación a sus hijos”, puntualizó.
El diputado señaló, además, que la iniciativa está en el plan de gobierno “El Pueblo Primero”, del presidente Juan Carlos Varela.
Respaldan proyecto
Javier Lombardo, de la Asociación de Padres de Familia de las escuelas particulares, subrayó que están satisfechos con la aprobación.
“En este país, la educación es gratuita al menos hasta el noveno grado, sin embargo, hay quienes hacemos un esfuerzo para lograr una mejor calidad en la educación de nuestros hijos y eso es bueno que se reconozca”, comentó.
A su vez, estimó conveniente que la norma sea reglamentada lo antes posible y que cuente con las recomendaciones de todos los sectores del país.
Por su lado, Katya Echeverría, vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, indicó que desde hace unos 15 años han abogado por la aprobación de un beneficio como ese.
Echeverría explicó que actualmente el padre de familia que tiene a sus hijos en una escuela particular asume una “responsabilidad tres veces mayor” para educarlos, cuando esa es una obligación del Estado.
Los últimos datos del Ministerio de Educación detallan que la población estudiantil que asiste a escuelas privadas es de unos 150 mil estudiantes.
Según la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, la atención de estos alumnos en los cerca de 652 centros de estudios particulares del país representa un ahorro para el Estado de $450 millones anuales.
Actualmente, los estudiantes en escuelas particulares cuya matrícula no supera los $2 mil anuales reciben la beca universal.
Así quedó aprobado el año pasado en la ley No. 389, que establece pagar $270 para alumnos de educación primaria, $360 para los de premedia y $450 para los de media.
Conep: la propuesta es una inversión del Estado panameño
Para Severo Souza, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la aprobación del proyecto No. 307 no debe ser vista como un subsidio, sino como una inversión.
A su juicio, si no se ayuda al ciudadano común a que pueda mantener a sus hijos en un escuela privada, al Gobierno le correspondería hacer una inversión “muy grande y rápida” para adecuar más centros de educación pública, con el propósito de que se reciba a los estudiantes forzados a salir del sector privado, porque sus padres no pueden costear su educación.
Dijo que la exoneración del pago de impuestos es una solicitud que ha hecho desde hace muchos años la clase trabajadora, la cual hace un esfuerzo para mantener a sus hijos en los centros particulares, porque “lamentablemente las escuelas públicas no tienen el nivel adecuado de preparación académica”.
Una encuesta de 2017 realizada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia en 60 centros particulares corroboró que en el 80% de estos aumentó la matrícula y la mensualidad este año.