Luego de cuatro años de haber sido elaborada la propuesta original, hoy comienza la discusión en primer debate del proyecto de ley No. 42, que establece el marco regulatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos del país.
La propuesta fue presentada en 2014 por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Elías Castillo, y tras varios procesos de consulta ha surgido un documento de 150 artículos.
Representantes del sector empresarial, agrícola, ambiental y gubernamental reconocieron la necesidad de actualizar la norma que rige la administración del recurso hídrico, que data de 1966.
Julia Guardia, secretaria técnica del Consejo Nacional del Agua (Conagua) –un ente gubernamental–, manifestó que con la nueva propuesta se “preservará” el recurso hídrico, de modo que se tenga suficiente, no solo en cantidad, sino también en calidad, para atender las necesidades de la población.
Uno de los aspectos que establece el proyecto es la obligación de planificar el territorio, reforestar y generar áreas boscosas, así como una coordinación interinstitucional para atender el tema.
SOBRE LA NORMA
Aunque la propuesta de ley establece que el Ministerio de Ambiente (Miambiente) será el regente del recurso hídrico, Conagua se convertiría en un ente independiente que se encargaría de coordinar todas las acciones en este tema.
Los artículos 125 y 126 de la iniciativa de ley han generado polémica, ya que se refieren a prohibiciones para talar, dañar o destruir los bosques de galería, que son bosques especiales, por su papel protector del recurso hídrico. También se delimita qué tan cerca de un río podrán quedar los límites de una finca utilizada para ganadería o agricultura.
Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos, señaló que están de acuerdo con la nueva normativa, aunque objetan los artículos 125 y 126 por considerar que con ellos se estaría reduciendo el espacio que se destina a la agricultura y la ganadería.
Desde su punto de vista, se trata de una situación “injusta”, porque ni siquiera se habla de indemnización.
Es decir, añadió, estos espacios deberán cederse al Estado de forma gratuita.
Al respecto, la ambientalista y diputada suplente Alida Spadafora manifestó que “actualmente no se protege el recurso hídrico y en esta categoría entran las riberas de los ríos, los humedales y acuíferos. “Sin agua segura no hay alimento sano, por eso el proyecto refleja un balance entre el sector productivo y los que defienden la seguridad hídrica”, agregó.
LOS RIESGOS
Roy Phillips, de la División Ambiental de la Autoridad del Canal de Panamá, dijo que la realidad que enfrenta el país en cuanto al manejo hídrico “no es positiva”, y sin una ley como esta se afectaría no solo el sector comercial, sino también la seguridad alimentaria y la salud de la población.
Añadió que las normas jurídicas vigentes no responden a las nuevas exigencias para la adecuada gestión del agua y a los retos que supone el aumento en el consumo, la distribución equitativa del recurso y el cambio climático.
A juicio de Phillips, este es el momento de deponer intereses personales y garantizar la permanencia del recurso, del que dependen las futuras generaciones.
Francisco Gaitán, secretario técnico de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea, señaló que el reto ahora es que la propuesta se convierta en ley durante el primer semestre del presente año.
Gaitán indicó que desde hace décadas se vienen gestionando leyes de este tipo, sin embargo, la falta de consenso ha impedido que lleguen a concretarse. “En este caso las consultas han sido amplias y confiamos en su aprobación”, puntualizó.