El Gobierno chileno se reunió ayer con la oposición para buscar una salida consensuada a la inédita crisis social que vive el país, y que ha dejado 20 muertos.
A diferencia del primer encuentro organizado tres días después del estallido de la crisis el viernes 18 de octubre, el gobierno del presidente Sebastián Piñera no excluyó a ningún partido con representación en el Parlamento, incluido el Partido Comunista que, sin embargo, no concurrió a la cita en el palacio presidencial, donde también fueron citados los partidos oficialistas.
Al cabo de dos horas, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, el principal conglomerado de la oposición, aseguró que “no existe disposición a escuchar las demandas” ciudadanas.
El titular del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, afirmó que no veían “señales claras todavía en favor del diálogo”.
El flamante nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, asumió la misión de conducir el diálogo político.
El ministro relató a la prensa que durante la reunión acordó con la oposición llegar a “marcos de entendimiento, idealmente en los próximos días, las próximas semanas”. También anunció que el Gobierno se abrió por primera vez a revisar un proyecto de reforma tributaria enviado ya al Congreso para remplazar una reforma aprobada durante el último gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-18), y que a juicio de opositores significaba rebajar el pago de impuestos a los más ricos.
Respecto al cambio de la Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, visto como uno de los caminos de salida a la crisis, Blumel afirmó: “El Gobierno no se cierra a ninguna opción, pero nos parece importante, en primer lugar, realizar este proceso amplio de diálogo participativo”.