El gobierno de Mauricio Macri pretende regular las protestas callejeras en Argentina a través de la implementación de un nuevo protocolo de actuación de fuerzas de seguridad que las habilita a desalojar, sin previa autorización judicial, a manifestantes que bloqueen vías de circulación.
La decisión oficial de reprimir los “piquetes”, como se denomina la metodología de interrumpir el tránsito vehicular en avenidas y carreteras, ha generado un fuerte rechazo en organizaciones civiles y políticas, que acusan al gobierno de buscar la limitación de la protesta.
El “protocolo de actuación de fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” establece que el jefe del operativo “impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito y deberán retirarse y ubicarse en una zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación”.
Si se incumple, las fuerzas de seguridad procederán a “disolver la manifestación”.
En la última década y media la regla ha sido la inacción de las fuerzas de seguridad frente a los cortes de calles, pese a que la libre circulación es un derecho constitucional, como protestar.
No obstante, en los contados casos en que la policía desalojó a los manifestantes fue con previa autorización de un juez.
Para el Centro de Estudios Sociales y Legales, la nueva normativa “otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales”.
Los periodistas deberán ubicarse en “una zona determinada” por las fuerzas de seguridad para que “se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento”.