El presidente de la República, Juan Carlos Varela, acordó con siete autoridades de las etnias indígenas, que el próximo 30 de abril se iniciará la revisión del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
El convenio establece el derecho de los pueblos originarios a decidir sus prioridades en lo relacionado al proceso de desarrollo social y cultural. El acuerdo se realizó durante un recorrido del mandatario por la provincia de Bocas del Toro, donde se llevó a cabo ayer el Consejo de Gabinete.
Si se ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionado con los derechos de los pueblos indígenas y tribales, Panamá se convertiría en el país número 16 de la región en implementarlo.
Fue durante una gira por Bocas del Toro para la celebración del Consejo de Gabinete, en las áreas comarcales, donde el presidente Juan Carlos Varela y siete líderes de las etnias indígenas anunciaron que acordaron la revisión del pacto.
En el encuentro, que se dio la noche del martes en Isla Colón, las autoridades indígenas y Varela acordaron que el próximo 30 de abril iniciarán la revisión del documento.
Con representantes de las etnias Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri Bri se acordó la creación de una mesa de trabajo para darle seguimiento a la agenda para la implementación del denominado Plan de Desarrollo de los pueblos indígena. Durante la reunión también se decidió que la mesa de trabajo estará encabezada por los ministros de Gobierno, Milton Henríquez; de la Presidencia, Álvaro Alemán; de Trabajo, Luis Carles; y por la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado.
“Vamos a facilitar la mesa de trabajo [...] para conocer los pros y los contras de este convenio y evaluar su funcionamiento en los países que ya lo han ratificado”, expresó Varela.
DESARROLLO
El Convenio 169 de la OIT, adoptado en 1989, estipula el derecho de los pueblos originarios a decidir sus prioridades en lo relacionado al proceso de desarrollo, en la medida que afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan y controlar, en la medida posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Al ratificar un convenio de la OIT, un Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes según las disposiciones contenidas en el mencionado convenio.
Asimismo, se compromete a informar periódicamente a los órganos de control de la OIT sobre la aplicación en la práctica y en la legislación de las disposiciones del pacto y a responder las preguntas, observaciones o sugerencias de esos órganos de control.
La implementación del convenio ha sido una constante de los pueblos indígenas a los diferentes gobiernos. El año pasado, a través de una resolución, le pidieron a Varela aprobar el documento, alegando que se trata de un “compromiso social y moral (del Gobierno) con las poblaciones indígenas y campesinas”.
En total, 22 países han ratificado el convenio, de los cuales 15 son de Latinoamérica, entre ellos: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Ecuador.
Ayer, durante el Consejo de Gabinete realizado en Kankintú, las autoridades comarcales presentaron al Presidente y a su equipo sus necesidades y problemas, y pidieron la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
Varela señaló que se contempla invertir $38 millones en la iluminación de 45 escuelas rancho en las comarcas como parte del plan de inversión en estas áreas, que supera los $300 millones.
El Gabinete en pleno, incluyendo a Varela, usó indumentaria de las etnias indígenas que acudieron al encuentro.