Panamá tendrá hasta el año 2019 para cumplir con los compromisos adquiridos en el tercer plan de acción de gobierno abierto, cuyo lanzamiento oficial se realizó el pasado 5 de diciembre.
El programa resume las obligaciones de cada gobierno en lo que se refiere, por ejemplo, a la divulgación de los ingresos y activos de personas que ocupan cargos públicos, para garantizar la transparencia fiscal y la participación ciudadana en el control de la cosa pública.
COMPROMISOS
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), en conjunto con otras entidades y organizaciones de la sociedad civil, tendrá la responsabilidad de ejecutar varios compromisos.
El primero: la creación de un observatorio ciudadano anticorrupción, que se enfocará en las irregularidades que se observen en las contrataciones públicas, gestión parlamentaria y la administración de justicia.
El segundo es para incentivar la transparencia y rendición de cuentas en los proyectos de infraestructura. Se pretende crear una ley para obligar a las instituciones a someter sus proyectos de infraestructura al escrutinio.
Otra de las metas planteadas es la prevención de conflictos de intereses en las contrataciones, por lo que los funcionarios involucrados en las contrataciones públicas deberán declarar si tienen alguna relación con el contratista.
En relación con el mejoramiento de los servicios públicos, en el documento se fijó crear un manual y una aplicación móvil sobre educación vial, que contendría guías para el uso de transporte masivo de pasajeros y las normas vigentes de tránsito y transporte en el país.
También se pretende desarrollar una sección para denuncias y otra en la que aparezcan los horarios de los medios de transporte públicos.
Asimismo, se adoptó el compromiso de establecer un protocolo general de gobernanza y monitoreo de la calidad del agua, para que se publique en un portal web los informes, estadísticas, estudios, evaluaciones y diagnósticos de la calidad del agua en todo el territorio nacional.
En relación con el tema educativo, se contemplará fortalecer todos los servicios de atención de los gabinetes psicopedagógicos del Ministerio de Educación.
Finalmente, se contempla actualizar el plan de educación cívica en las escuelas y centros educativos del país y la creación de una escuela de gobierno abierto.