La Ley No. 57 de 2016, que establece un régimen de protección legal para las personas que auxilien y atiendan emergencias, conocida como la ley del buen samaritano, fue promulgada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela.
El documento, publicado en Gaceta Oficial el pasado jueves 1 de diciembre, exceptúa de responsabilidad civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran sobrevenir a aquella persona que de “forma fortuita o inesperada y con buena intención, aun sin conocimiento de primeros auxilios, y sea la única que se encuentra frente a una situación de emergencia, ayuda a una persona lesionada, atrapada, enferma o cuya vida se encuentra amenazada por dicha situación”.
También se exceptúa a las personas autorizadas conforme a leyes especiales para ejercer diversas profesiones, entre estas, doctores en medicina, enfermeras, técnicos de enfermería, licenciados y técnicos en urgencias médicas; miembros de la Cruz Roja y voluntarios de oenegés de apoyo humanitario; siempre que tengan certificación en primeros auxilios y presten asistencia de emergencia fuera de su empleo o labores regulares de manera voluntaria o gratuita.
Tampoco serán responsables los miembros de la Policía Nacional, Sistema Nacional de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos de Panamá, Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio de Protección Institucional, Sistema Penitenciario y Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, considerados los primeros en responder en casos de emergencia.
De igual manera, se exceptúa de responsabilidad civil o penal a toda persona que cuente con certificación en primeros auxilios básicos o avanzados y preste primeros auxilios o asistencia de emergencia o urgencia a quien lo requiera.
Además, la normativa de ley establece la creación del curso de primer respondiente, que deben aprobar obligatoriamente los miembros de los diferentes estamentos de seguridad pública del país.
Tras la promulgación de la ley del buen samaritano, Omar Smith, voluntario de la comunidad de emergencia civil, con más de 25 años de experiencia en el tema, señaló que ahora corresponde comenzar a trabajar en la reglamentación de la normativa, ya que, precisamente, permite a las personas que no tienen conocimientos de primeros auxilios ayudar a los ciudadanos que están en peligro de muerte, convirtiéndose en un riesgo para el paciente.
Añadió que la ley no establece sanciones, porque la negligencia de las autoridades ya está contemplada en otras normas.
No obstante, Smith consideró que se debió colocar en la ley la obligatoriedad de tomar cursos de primeros auxilios en la escuela, universidad, empresas privadas, entre otros.
En tanto, Mario Rodríguez, hermano del médico Kreslyn Rodríguez, quien en julio pasado murió tras un accidente ocurrido en Loma Cová, Arraiján, Panamá Oeste, manifestó que esta ley “no es suficiente”.
“Mi hermano murió desangrado. Estuvo dos horas en el piso de la calle, pidiendo ayuda ante la mirada indiferente de los agentes de la Policía, que no hicieron nada ni permitieron que nadie lo ayudara”, dijo.
Para Rodríguez, lo que las autoridades buscan con la ley del buen samaritano es colocar una excusa delante de la negligencia de la aplicación de las leyes existentes sobre el tema.
Recordó que en el Reglamento del Tránsito se establece que el oficial de tránsito tiene la prioridad de preservar la vida de las personas. Incluso, dentro su formación académica se incluyen las técnicas de primeros auxilios.