El Gobierno dio plazo de seis meses para que las empresas que ofrecen el servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas se ajusten a los lineamientos del Decreto Ejecutivo 331 del 31 de octubre de 2017.
El decreto generó controversia entre los distintos gremios del sector, que afirman que la regulación no es del todo clara.
DUDAS POR REGLAS A PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
El anuncio realizado ayer por el Gobierno sobre la reglamentación que regirá el servicio de transporte público que se ofrece a través de plataformas digitales generó más dudas que tranquilidad entre el sector.
La Secretaría de Comunicación del Estado informó que el presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Gobierno encargado, Carlos Rubio, firmaron un decreto ejecutivo en el que se establecen las pautas para la prestación de este servicio en cuatro provincias del país.
Se trata del Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial.
REGULACIÓN
De acuerdo con el escrito, se creará un servicio de transporte de lujo ofrecido a través de tecnologías de la información y comunicaciones, denominado TIC, y los vehículos que formen parte de ese sistema deberán estar registrados en un listado.
También se establece que el cobro por la prestación de este servicio –que solo podrá ofrecerse en las provincias de Panamá Oeste, Panamá, Colón y Coclé– tendrá que ser de forma electrónica, es decir, con tarjeta de crédito.
Respecto a las regulaciones para los conductores, se dispone que deben ser panameños, mayores de 21 años de edad, contar con una licencia de conducir tipo E1 –otorgada después de tener como mínimo dos años de experiencia con licencias tipo C o D– y además presentar su récord policivo.
Para los vehículos que sean utilizados en este servicio también fueron fijados algunos parámetros, entre estos, tener una capacidad máxima de siete puestos, estar en buenas condiciones y su antigüedad no podrá superar los siete años.
Además, estos vehículos deben contar con un seguro comercial y en el caso en que se reporte un hecho de tránsito y el vehículo en mención no tenga uno, la empresa tecnológica deberá hacerse responsable de los costos que se generen.
De acuerdo con el decreto ejecutivo, el Gobierno otorga un plazo de seis meses a las empresas que ofrecen este tipo de servicio, con el propósito de que realicen las adecuaciones necesarias para cumplir con la norma.
DESCONFIANZA
Víctor Ramos, vocero de los operadores del servicio de transporte de turismo, recibió la medida anunciada con recelo. Señaló que esa reglamentación “genera más alarma, confusión y dudas que tranquilidad para el gremio”.
Ramos enfatizó que en la nota de prensa, el Gobierno hace referencia a que estas plataformas tienen relación con la “promoción del turismo”, lo que indica que se están involucrando en un terreno que ya está normado.
Además, advirtió que la extensión de estas plataformas hacia otras provincias podría generar conflicto con los operadores del servicio de transporte de esas áreas.
Desde su punto de vista, es positivo que los conductores para este servicio solo puedan ser panameños; sin embargo, opinó que la edad mínima para conducir debe ser fijada en 25 años.
Pese a lo anterior, Ramos manifestó que la información suministrada es “insuficiente” para emitir un criterio más completo al respecto, por lo que el gremio analizará con mayor detalle el nuevo decreto ejecutivo.
RESPECTO A LA LEY
Por su parte, Roberto Moreno, exdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, sostuvo que antes de emitir cualquier regulación se deben hacer modificaciones a la Ley No. 42 del 22 de octubre de 2006, a través de la cual se reglamenta el transporte terrestre público de pasajeros.
Alegó que un decreto no tiene mayor validez que una ley y por ello primero es necesario abordar la norma vigente.
Moreno añadió que, en el contexto de lo anterior, lo actuado por el Gobierno podría ser calificado como “ilegal y sin ninguna validez”.
La regulación de las plataformas digitales es una demanda que desde hace meses vienen exigiendo los gremios de transporte del país, que las señalaban como una “competencia desleal”.
Este medio buscó una reacción de los representantes de Uber en Panamá; sin embargo, indicaron que están analizando el decreto ejecutivo.
