El procurador de la Administración, Rigoberto González, calificó de positivo el proyecto de ley 245 que permite acuerdo de penas dentro del sistema inquisitivo, ya que reducirá el tiempo de resolución de los expedientes y permitirá la identificación de todos los implicados en un hecho delictivo.
A juicio de González, esta propuesta puede ser perfectamente aplicable en la investigación del caso Odebrecht.
No obstante, consideró que cualquier acuerdo en este expediente deberá ser público para evitar la existencia de suspicacias, ya que la comunidad tiene el derecho de conocer los detalles y alcances de cualquier pacto en un caso en el que se involucran millones de dólares del erario.
A la vez, destacó que este tipo de acuerdos solo debe proceder cuando el investigado realmente aporta elementos dentro del proceso que permitan llegar a la verdad.