El director de IDL-Reporteros y responsable de destapar el escándalo Odebrecht en Perú, Gustavo Gorriti, aseguró que las medidas del Gobierno peruano contra la empresa brasileña Odebrecht, que -entre otras cosas- le impidió que vuelva a trabajar en el país y le embargó propiedades y cuentas bancarias, representan un exceso punitivo de carácter irracional.
Así lo informaron ayer varios medios internacionales.
De acuerdo con Gorriti, esto no ayuda a conocer la verdad del escándalo. A su juicio, no hay que poner trabas a la figura de delación. La idea, según el investigador, no es la destrucción de la empresa, sino identificar y lograr que confiesen los criminales que formaron parte del sistema de sobornos. Una vez hecho esto, dijo, no habría razón para que la empresa no pueda seguir trabajando en el país.
Ante una comisión del Congreso peruano que investiga el caso Lava Jato en Perú, Gorriti ha dicho que esta investigación debe tener un enfoque internacional, dada la cantidad de países involucrados.
El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que entre 2010 y 2014 la constructora brasileña pagó al menos 788 millones de dólares a autoridades de 12 países, incluidos Perú, Panamá, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Colombia y Ecuador.
