La Guardia Civil registró ayer la sede del gobierno regional catalán en Barcelona, y detuvo a un funcionario en el marco de sus investigaciones sobre la organización del referendo ilegal de autodeterminación del 1 de octubre.
“Hemos iniciado un operativo que se enmarca en las diligencias que instruye el juez del juzgado número 13 de Barcelona”, explicó a AFP un portavoz de la Guardia Civil en la capital catalana.
El instituto armado indicó pasado el mediodía que habían concluido los registros en el domicilio y el despacho del funcionario Antoni Molons, secretario de difusión y atención ciudadana del Gobierno catalán .
Este fue detenido para asistir a los registros, tras lo cual fue llevado a una comisaría de la Guardia Civil en la capital catalana, a la espera de saber si queda libre o pasa a disposición judicial.
Por otro lado, a las 3:00 p.m. continuaba el registro iniciado por la mañana en la sede de la asociación independentista Òmnium Cultural, también en Barcelona.
Ni la Guardia Civil ni fuentes judiciales catalanas consultadas por AFP quisieron precisar el propósito de los registros, invocando el secreto de sumario.
Según varios medios españoles, se está buscando documentación sobre la financiación del referendo del 1 de octubre y su publicidad, organizado por el anterior gobierno catalán de Carles Puigdemont.
Roger Rofín, director de comunicación de Òmnium, precisó que los agentes estaban buscando “documentación económica de los últimos años”.
Pero negó tajantemente que el gobierno catalán de Puigdemont hiciera transitar por sus cuentas dinero destinado a financiar el referendo. “No recibimos ningún euro de la Generalitat desde 2012”, aseveró.
La sede del gobierno catalán, el Palau de la Generalitat, alberga las oficinas del presidente del ejecutivo regional.
El 27 de octubre, dicho ejecutivo fue cesado en su totalidad por el Gobierno central español después de una declaración unilateral de independencia votada en el Parlamento catalán, que no tuvo ningún efecto.
Actualmente, Cataluña sigue sin gobierno por la incapacidad de los independentistas, vencedores de las elecciones regionales del 21 de diciembre, para ponerse de acuerdo sobre un candidato sin problemas judiciales. Por su lado, Òmnium se implicó activamente en la defensa del referéndum.
Su presidente Jordi Cuixart lleva cinco meses en prisión provisional, acusado de sedición, por participar en una manifestación de separatistas que cercaron un edificio donde la Guardia Civil efectuaba unos registros por orden judicial en Barcelona, impidiendo la salida de varias personas implicadas en estos.