Como un “buen vendedor”, pero un “mal administrador” de hospitales fue calificado ayer el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez–Llorens, al intervenir por más de cinco horas ante el pleno de la Asamblea Nacional.
El jefe del Seguro Social, que tiene un presupuesto de $4 mil 435 millones para 2014, llegó a las 4:40 p.m. al pleno legislativo con su subdirector, Marlon De Souza, y ocho asesores.
Sáez–Llorens hizo una presentación de tres horas y 20 minutos, durante la cual elogió los logros alcanzados en sus cinco años al frente de la CSS.
Dijo que aumentó en más de 250 mil la cantidad de nuevos cotizantes de la CSS, que mejoraron los ingresos de la entidad.
Su intervención era interrumpida por dirigentes médicos y familiares de las víctimas de la KPC y del dietilene glycol, que le gritaban “asesino” desde las gradas del legislativo y lo abucheaban.
En cuanto a la tecnología, indicó que en 30 años no se había hecho nada en la CSS y en su administración invirtió en ocho nuevos sistemas que mejoraron los servicios.
Precisó que el sistema financiero es ahora computarizado y redujo a 10 días los períodos para el cobro de los subsidios de maternidad, que antes tomaban ocho meses.
Sáez–Llorens destacó que las finanzas de la CSS son “saludables y rentables” y detalló que sus reservas financieras al 30 de junio suman $4 mil 378 millones. En 2010 eran de $1,200 millones, precisó.
“Las finanzas de la CSS están en su mejor momento”, manifestó.
Agregó que el abastecimiento de medicinas alcanza 97.84%, mientras que en 2006 era de 87%.
Afirmó que la entidad atiende en sus 79 instalaciones en todo el país a 33 mil personas diariamente, de las cuales apenas 2% se queja de los servicios, según una encuesta pagada por la propia institución.
“Son 5 o 10 personas que se quejan”, aseguró el director de la CSS.
CUESTIONARIO
Sáez–Llorens procedió a responder el cuestionario de 11 preguntas que le fue enviado previamente por los diputados.
Contestó, entre otras preguntas, que los atrasos en la construcción de la ciudad hospitalaria obedecían a las huelgas en el sector de la construcción.
Admitió que hay 12 mil 398 cirugías en mora, pero atribuyó esa situación a las huelgas en el sector médico.
En 2009 la mora quirúrgica era de 11 mil cirugías, acotó el funcionario.
Debido al tiempo que se tomaba Sáez–Llorens para dar respuesta al cuestionario, fue llamado al orden en más de una ocasión por el presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, quien le pidió que acortara sus respuestas.
Sáez–Llorens siguió exponiendo las cifras de la entidad y destacando los logros alcanzados por su administración.
EL MAL ADMINISTRADOR
Luego de que respondió el cuestionario enviado por la Asamblea, el director del Seguro Social fue sometido a una sesión de preguntas por los diputados.
Luis Barría, del Partido Panameñista, fue el primero en interrogarlo sobre cuántos funcionarios habían sido separados o investigados por su administración por las muertes a causa de la KPC.
Sáez–Llorens evadió la respuesta y le pasó la pregunta al subdirector Marlon De Souza para que respondiera.
“Quien determina cuántos murieron por la KPC es el Ministerio Público. No toca a la CSS dar esos calificativos; es el Ministerio Público el único que puede dar esa información”, respondió De Souza.
Barría reformuló la pregunta de varias maneras y en todas Sáez–Llorens le pasó la palabra a De Souza, quien respondió lo mismo una y otra vez: se trata de una información que solo maneja el Ministerio Público.
De Souza expresó su malestar ante las interrogantes de Barría, porque no estaban dentro del cuestionario enviado previamente por el Legislativo.
Frente a ese planteamiento, el diputado protestó y aclaró que el artículo 216 del Reglamento Interno de la Asamblea le permite hacer las preguntas que tenga a bien cuando los funcionarios comparecen ante el pleno.
Luego intervino la diputada perredista Zulay Rodríguez, quien exigió a los funcionarios una respuesta clara. “No me den vueltas ni me mareen”, reclamó.
Rodríguez volvió a preguntar sobre la KPC y la prohibición del uso de heparina con alcohol bencílico en los neonatos que fallecieron entre junio y julio de 2013 en en el Complejo.
Las respuestas del subdirector fueron las mismas y se escudó en la reserva del sumario que instruye la Procuraduría General de la Nación sobre esos casos.
La diputada de San Miguelito cambió al tema financiero y preguntó el por qué, en 2012 y 2013, los estados financieros no habían sido aprobados por la Contraloría General de la República y por qué desde 2011 estos no aparecían en la página web de la CSS.
La diputada no logró tampoco una respuesta del director ni del subdirector sobre estas interrogantes.
Posteriormente intervino la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien cuestionó a Sáez–Llorens en relación a si había sido advertido de que la heparina con alcohol bencílico estaba prohibida por el Congreso Mundial de Pediatría.
“No fuimos advertidos. El Ministerio de Salud se pronunció después de los acontecimientos”, respondió Sáez–Llorens.
SALUD SÍ ADVIRTIÓ
El Formulario Oficial Farmacoterapéutico de la Caja de Seguro Social (CSS), editado en 2012, señala que la heparina con alcohol bencílico no debe ser inyectada a recién nacidos.
“Medicamentos que contengan alcohol bencílico no se deben administrar a niños prematuros ni recién nacidos”, advirtió el manual,cuyo prólogo está escrito por el entonces ministro de Salud Javier Díaz, quien se desempeñaba como director nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS en esa época.
SIGUIÓ EL “NO SÉ”
Ante las preguntas de otros diputados sobre si el brote de la bacteria KPC había ocurrido después de que se externalizara el servicio de aseo en la entidad, la respuesta de Sáez–Llorens fue: “no tengo conocimiento”.
Igual respondió a interrogantes sobre el gasto en publicidad de la CSS; la contratación de los servicios de externalización; el despido y procesos contra médicos y funcionarios que participaron en la pasada huelga.
“Usted es un buen vendedor por la exposición que hizo de sus logros, pero me parece que es un mal administrador de hospitales”, manifestó la diputada Gómez a Sáez–Llorens, quien en varias ocasiones bajaba la mirada, tomaba agua y se rascaba las piernas.
Gómez lo cuestionó porque todos sus logros tecnológicos en la CSS no han mejorado el servicio a los asegurados.
La diputada Zulay Rodríguez también indicó que Sáez–Llorens vendió “un país de maravilla”, donde todo está bien en la CSS, pero no dijo la realidad de la entidad, donde hay un desmejoramiento de los servicios que brinda.
“Usted ha fracasado administrativamente”, dijo el diputado panameñista Juan Moya al jefe de la CSS.
El dirigente médico Fernando Castañeda, quien estaba en las gradas del Legislativo, manifestó que las respuestas de Sáez–Llorens demuestran que “hemos tenido al peor director de la CSS”.
Los padres de los niños que sobrevivieron a la intoxicación por heparina con alcohol bencílico en la Caja de Seguro Social (CSS) se reunieron ayer con los miembros de la comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y les expusieron las secuelas que la intoxicación provocó al organismo de sus hijos.
La representante legal de los progenitores, Katiuska Ramos, manifestó que desde hace una semana se solicitó cortesía de sala para que ese Órgano del Estado se enterara de que estas personas requieren ayuda económica y moral.
En ese sentido, ambas partes acordaron la creación de una comisión para atender a las víctimas, establecer una pensión vitalicia y dotar a los familiares de los niños de un carné para que reciban atención expedita en las instalaciones de salud, entre otras facilidades.
Al respecto, el presidente de la comisión de Salud, Crispiano Adames, calificó como “lamentable” los problemas socioeconómicos que están atravesando estas personas tras la intoxicación de 2013. Asimismo, indicó que consultarán con el equipo legal de la Asamblea para determinar de qué otra forma pueden ayudarlos.
Los padres lamentaron que mientras el director de la CSS, Guillermo Sáez–Llorens, “anda tranquilo”, sus hijos están atravesando problemas de salud. Varios de los infantes tienen que ver hasta 11 especialistas por sus padecimientos.
URANIA CECILIA MOLINA