La ex primera dama de Perú y funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Nadine Heredia, retornó ayer a Lima bajo apercibimiento judicial en el marco de una investigación por supuesto blanqueo de donaciones de Brasil y Venezuela para la campaña electoral de su esposo, el expresidente Ollanta Humala.
“He venido por la disposición que ha dado el juez de presentarme dentro de los 10 días de su resolución”, dijo Heredia a la prensa en el aeropuerto al volver de Europa, donde viajó el 22 de noviembre tras ser nombrada directora de la Oficina de Enlace en Ginebra, Suiza.
Heredia denunció presiones políticas del Gobierno y del Congreso para impedir que asuma su función en perjuicio de su derecho al trabajo, y rechazó que esté huyendo de la justicia. “Hay enorme presión política en mi caso (...) Es increíble la presión del Perú para que una peruana no pueda trabajar”, afirmó Heredia, a quien el viernes pasado un juez la conminó a retornar antes del 5 de diciembre, bajo riesgo de prisión.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski rechazó las alegaciones de Heredia e indicó que “es un proceso en manos del poder judicial”.
Su retorno coincide con un comunicado de la FAO en el que informa que Heredia “ha solicitado, a partir de hoy, una licencia sin goce de haberes para atender temas personales, incluida la investigación en curso”.
La esposa de Humala precisó que permanecerá 15 días en Perú antes de viajar a Ginebra para finalmente asumir sus labores.
La defensa de Heredia solicita que el juez Richard Concepción, a cargo del caso, le cambie una orden de arraigo en Lima por una que traslade ese control al consulado peruano en Ginebra. El arraigo obliga a Heredia a acudir cada 30 días a un juzgado en Lima para un control biométrico (huella).
Heredia es parte de una investigación que involucra a empresas brasileñas envueltas en el caso Lava Jato en Brasil. Ella afronta, junto con su esposo, un proceso por presunto lavado de activos que asciende a $1.5 millones supuestamente donados para financiar la campaña para las presidenciales de 2006 y 2011, y que no fueron declarados. Ambos niegan los cargos. La tesis de la fiscalía es que el dinero de Venezuela habría provenido del tesoro durante el gobierno de Hugo Chávez, en tanto que en el caso de Brasil su origen estaría en las empresas Odebrecht y OAS.