La misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras acusó ayer miércoles al Congreso de obstaculizar sus investigaciones sobre un millonario desvío de fondos públicos que ha salpicado a diputados y funcionarios de alto rango.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), que opera en el país centroamericano desde 2016 a petición del gobierno de Juan Orlando Hernández, dijo que la Ley de Presupuesto recién aprobada impediría a la Fiscalía investigar y encausar judicialmente a decenas de posibles imputados.
“No entendemos cómo es posible que se pueda haber emitido una norma que lo que busca es impunidad y que afecta el trabajo de lucha contra la corrupción”, dijo en conferencia de prensa el portavoz de la Maccih, el peruano Juan Jiménez.
Agregó que la medida puede afectar a pesquisas “presentes y futuras”.
La Maccih apoya al Ministerio Público en un caso conocido como “Red de Diputados”, que habría desviado fondos sociales por unos 55 millones de dólares entre 2011-2015, en el que se investiga a más de 60 legisladores y funcionarios, incluyendo a Mauricio Oliva, jefe del Congreso por el oficialista Partido Nacional y cercano colaborador del presidente.
Jiménez aseguró que la Ley de Presupuesto paralizaría al menos durante tres años las investigaciones y causas penales de la Fiscalía mientras el Tribunal Superior de Cuentas analiza la liquidación de fondos públicos destinados a ayudas sociales de 2006 a 2018.
El Congreso calificó de “mal intencionadas” las declaraciones del jefe de la Maccih y aseguró en un comunicado que la norma “lejos de generar impunidad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas” al solicitar que revisen los fondos para programas sociales desde 2006, sin que esto afecte a las investigaciones en marcha.
La representante de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, dijo a través de su cuenta de Twitter que las acciones son “un monumental retroceso en la lucha contra la corrupción”.
“El Congreso ahora debe actuar para corregir este peligroso error”, agregó.
Hasta ahora, cinco diputados han sido imputados y encausados por el desfalco, que también afecta a ejecutivos de una treintena de organizaciones no gubernamentales (oenegés).
Los legisladores enjuiciados e investigados se han declarado inocentes.
El Gobierno no emitió de inmediato comentarios sobre la declaración de la Maccih.
“El traslado de dineros públicos hacia las oenegés y de las oenegés a los diputados ha sido una manera operativa de desviar fondos del Estado para que se queden en bolsillos de los diputados públicos, que los usaban no para proyectos”, señaló Jiménez.
