Ollanta Humala y su esposa, bajo prisión preventiva por una investigación de lavado de activos por supuestamente recibir dinero de la constructora Odebrecht, pidieron ayer ante un tribunal poder afrontar el proceso en libertad.
La fiscalía acusa al matrimonio de aceptar fondos de la firma brasileña para la campaña electoral de 2011 y de recibir financiación irregular de Venezuela para las presidenciales de 2006. Humala respondió que la ley peruana no prohíbe recibir dinero del extranjero para fines políticos.
El juez Richard Concepción Carhuancho dictó a mediados de julio prisión por 18 meses para Humala y su esposa, Nadine Heredia, tras acoger la solicitud del fiscal, quien alegó riesgo de fuga o de demanda de asilo. Ahora, una instancia judicial superior de tres magistrados debe decidir esta semana si mantiene o no la cárcel para la pareja.
Humala y su cónyuge participaron de la audiencia judicial vía teleconferencia, desde sus respectivas prisiones en Lima. “Hemos rechazado estas imputaciones por no ajustarse a la verdad. La presunción de inocencia es un principio jurídico”, dijo Humala, quien gobernó Perú entre 2011 y 2016.
El expresidente descartó además que hayan planeado fugarse. Como muestra de ello, su defensa recordó que, apenas se dispuso su detención, tanto Humala como Heredia se presentaron voluntariamente ante el despacho del juez.
Por su parte, Heredia precisó que, incluso, renunció al puesto que tenía como funcionaria de la FAO en Ginebra para que no se pensara que planeaba fugarse.
En tanto, el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, pidió al tribunal que ratifique la medida.
Precisó que fue el propio Marcelo Odebrecht, quien admitió que entregó 3 millones de dólares al Partido Nacionalista de Humala, a pedido del brasileño Partido de los Trabajadores (PT), como una contribución “ideológica” y que se hizo llegar a través del entonces ministro brasileño Antonio Palocci, actualmente condenado en el caso Lava Jato.