La Iglesia católica afirmó ayer que no favorece la impunidad de los violadores de los derechos humanos bajo la dictadura militar, quienes presionan por obtener beneficios carcelarios para salir en libertad.
Así lo aseguró el secretario de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, en respuesta a familiares de víctimas de la dictadura militar que ocuparon la Catedral de Santiago y se encadenaron a las bancas del templo.
Lo hicieron en protesta por lo que pensaron era un apoyo de la Iglesia católica a la liberación de violadores de los derechos humanos ya ancianos o con enfermedades terminales o mentales.
“Nosotros como Iglesia no favorecemos la impunidad, menos con los graves delitos de lesa humanidad”, aseguró Ramos.
La ocupación del templo fue también en rechazo a una misa ecuménica fijada para el viernes dentro del penal de Punta Peuco, 40 kilómetros al norte de Santiago, en la que se ha anunciado que ocho criminales de lesa humanidad pedirán perdón por sus acciones criminales bajo la dictadura (1973-1990).
Rosa Silva, encadenada junto a su hermana en la Catedral, dijo que ingresó al templo “para decirle a este país que no queremos que nadie perdone en nuestro nombre a los asesinos que torturaron, desaparecieron y callaron... estamos aquí con respeto”.