La Iglesia católica de El Salvador consideró ayer que la justicia se ensaña con las mujeres pobres que sufren abortos espontáneos y que son tipificados luego como homicidios, por los que se les castiga con elevadas penas de prisión.
“Aquí, una persona que tiene recursos económicos y quiere abortar se va a otro país, y una persona que es pobre y que no tiene los suficientes recursos, sí tiene que cumplir (pena de prisión)”, señaló el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
“Todavía peor si se le incrimina delitos que no ha cometido. Entonces su delito es ser pobre”, agregó.
La justicia salvadoreña absolvió recientemente a Evelyn Hernández, de 21 años, quien había sido condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel tras ser acusada de la muerte de su bebé al dar a luz. La sentencia fue anulada en febrero de este año por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó un nuevo juicio en el que fue liberada de cargos el pasado lunes.
“Me complace que (Hernández) haya salido libre y que se haya hecho justicia finalmente, porque me parece que ella y otros casos (de mujeres condenadas) se hayan juzgado sin seguir el proceso debido, sin las pruebas y eso no es justo”, dijo Escobar.
Para el prelado, el caso de Hernández dejó en evidencia que el sistema de justicia “tiene graves falencias”, ya que en un primer momento la joven fue condenada “sin pruebas”.
Recordó que el Código Penal establece penas de dos a ocho años de prisión por aborto, pero fiscales y jueces tipifican los casos de aborto –incluso los espontáneos– como homicidio agravado, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.
Escobar aseguró que a pesar de que la Iglesia se opone al aborto, es una “lastima” que a las mujeres se les condene a penas máximas por abortos espontáneos considerados homicidios.
Actualmente, hay 16 mujeres encarceladas en El Salvador por abortos o pérdidas gestacionales, en algunas casos en contextos de emergencias obstétricas, bajo la legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas.