La fiscalía guatemalteca acusó formalmente al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti de ser los jefes de una megaestructura que cooptó el Estado con el fin de lavar dinero para financiamiento ilícito y beneficio propio.
El caso, denominado “la cooptación del Estado”, señala a 70 personas, entre exfuncionarios, empresarios y particulares, de haberse coludido para saquear las arcas del Estado. El exmandatario, actualmente en prisión y bajo proceso por otro caso, refutó las nuevas acusaciones en su contra.
La fiscalía dijo el pasado jueves que para cometer estos hechos Pérez Molina se unió al Partido Patriota, quien lo llevó a la presidencia en 2012, y que para ello recibió millones de quetzales en efectivo y a través de sociedades anónimas como financiamiento ilícito, dinero al cual le daban apariencia de legalidad.
El fiscal le imputó varios montos que pasan los 40 millones de dólares, los cuales eran parte de comisiones ilícitas por contratos de obra pública que habría recibido Pérez Molina y que repartió con Baldetti y el ex secretario privado de esta, Juan Carlos Monzón. Hoy, Monzón está preso, y como colaborador de la fiscalía delató cómo estaba conformada la estructura y cómo se repartieron el dinero.
Hasta hoy, la fiscalía ha acusado a Pérez Molina de participar en dos casos: uno denominado “la línea”, en el cual una estructura defraudó al Estado a través de recibir sobornos de empresarios con el fin de ayudar a estos a evadir impuestos, y el segundo denominado “la cooptación del Estado”, de donde se han desprendido al menos tres acusaciones de diferentes hechos de corrupción, dijo el fiscal Juan Francisco Sandoval.
Por las acusaciones de “la línea”, iniciadas en abril de 2014, Pérez Molina tuvo que renunciar al cargo de presidente. Su exvicepresidenta lo hizo antes. En el cuarto día de audiencias, la fiscalía terminó la imputación de 57 de los 70 acusados que habrían participado de la estructura.