El juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó ayer incluir al presidente Michel Temer en una investigación sobre fondos ilícitos por 3.07 millones de dólares, que supuestamente recibió su partido PMDB del grupo de construcción Odebrecht en 2014, indicó el fallo judicial.
La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, había solicitado previamente esta semana que Temer fuera investigado, a pesar de que la Constitución prohíbe que sea acusado por delitos presuntamente cometidos antes de haberse convertido en presidente, siempre que siga en el poder.
Odebrecht hizo los supuestos pagos en 2014, cuando Temer era vicepresidente.
Carlos Marun, ministro de Asuntos Políticos de Temer, dijo previamente que cualquier investigación sobre el mandatario solo llevaría a la conclusión de que él no ha cometido delito alguno.
Temer es investigado en varias causas relacionadas con presuntos ilícitos. El año pasado, la Cámara de Diputados rechazó dos pedidos de la Fiscalía General para autorizar a la Corte Suprema examinar esas denuncias.
Esta semana, el nuevo ministro de Seguridad Pública de Brasil había apartado de su cargo al director de la Policía Federal (PF), Fernando Segovia, que había sufrido un fuerte desgaste tras revelar públicamente detalles de una investigación contra el presidente Michel Temer.
El cambio en el comando de la corporación responde a una “reestructuración” general de las fuerzas de seguridad que inició el titular de la nueva cartera Raúl Jungmann (exministro de Defensa), dijo a la AFP un asesor de gobierno.
Rogério Galloro, secretario nacional de Justicia, sustituirá a partir de ahora a Segovia, informó la asesoría de Jungmann.
Segovia, nombrado por Temer en noviembre pasado, quedó en el ojo de la tormenta a principios de febrero cuando afirmó que una investigación —todavía en curso— contra el presidente conservador podría ser archivada por no haber indicios suficientes.
El caso corre bajo secreto de sumario e investiga “sospechas de irregularidades en la edición de un decreto relacionado con el funcionamiento de puertos”, según la fiscalía.
Las declaraciones de Segovia generaron malestar entre los policías que conducen investigaciones dentro de la PF, y el ahora destituido director general de la fuerza debió explicarse ante la justicia.
El Ministerio Extraordinario de Seguridad Pública fue creado el pasado lunes para coordinar acciones contra el crimen organizado, 10 días después de la intervención del área de seguridad del estado de Río de Janeiro, que estará en manos de las fuerzas armadas.
MORO Y LAS ELECCIONES
Entre tanto, el juez Sergio Moro, que lidera la gigantesca investigación anticorrupción Lava Jato en Brasil y cuyo nombre ha sido asociado a una potencial candidatura presidencial, dijo también ayer que “no es buena idea” que jueces y fiscales se lancen a la política.
“No creo que eso sea una buena idea”, dijo Moro, de 45 años, en una conferencia en Nueva York sobre el combate a la corrupción en Latinoamérica, consultado sobre si funcionarios del sistema judicial deben entrar en la vida política para poder hacer cambios.
“Los jueces y fiscales que hacen un buen trabajo pueden influir en la política, pero no disputar cargos electos”, algo que podría confundir a la población, dijo Moro en inglés en el seminario organizado por la organización Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas.
Moro insistió en que la investigación Lava Jato no está motivada por razones políticas.
La mayoría de los procesos de primera instancia está radicada en el juzgado de Moro en Curitiba (sur) y los de políticos con fueros se hallan en manos de la Corte Suprema en Brasilia.
(Con información de AFP y Reuters).