Organizaciones cívicas y empresariales rechazaron el aumento de fondos, en más de 600%, en tres partidas presupuestarias usadas para contratar personal que gestionan los diputados de la Asamblea Nacional (AN).
Se trata de las partidas 02 (personal transitorio); 080 (personal de confianza) y 172 (contratos por servicios profesionales), que pasaron de $5 millones en 2014 a $81 millones en 2017, incremento “desproporcionado” y discorde con las funciones de la AN, advirtió la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
El Ejecutivo ha puesto a disposición del Legislativo unos $221 millones de 2014 a la fecha en los presupuestos de la AN para estas tres partidas, que son independientes a la del personal fijo o permanente de la institución.
“Una vez que se eliminan las partidas circuitales, se generan estos aumentos en estas tres planillas. ¿Qué significa? Que a las partidas circuitales simplemente le cambiaron el nombre, y que los fondos, bajo otra denominación, se están usando para los mismos fines que fueron reprochados por todos los panameños”, dijo Héctor Cotes, presidente de la Apede.
Una investigación de La Prensa evidenció que buena parte de los contratos por servicios profesionales eran falsos, y que el 90% de sus montos retornaba a manos de los diputados, de ahí que los contratos hayan sido bautizados como cash back.
La AN se ha negado a revelar las funciones del personal contratado, pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la entrega de esa información a este medio, por su carácter público.
Por otro lado, se detectaron múltiples familiares de diputados como “promotores” de la partida 080.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá indicó que la Ley de Transparencia debe cumplirse, más si hay un fallo de la Corte. Subrayó que no solo promueve la libre empresa, sino también la libertad de expresión y el libre acceso a la información.
Para la Cámara, “no se justifica que razones no consideradas en nuestro ordenamiento constitucional permitan a los diputados llevar a cabo tareas distintas a las que deben cumplir, y mucho menos relacionadas con el manejo indiscriminado de fondos aportados con la contribución sacrificada de todos los panameños”.
El manejo de estos fondos como una “fechoría”, según la organización Juntos Decidimos, fue posible por la aprobación de las partidas presupuestarias en el Ministerio de Economía y Finanzas y el aval de la Contraloría General de la República.
“Ellos son culpables en esta lesión en concepto de millones para el pago de botellas, favores, amigos y familiares”, dijo su vocero, Freddy Pittí, quien recomienda reformar el reglamento interno de la Asamblea para prohibirle a los diputados el uso de planillas, y que los nombramientos sean institucionales.
La cifra acumulada de $221 millones, más los $29.5 millones anuales de personal fijo, es “inédita”, dijo la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, quien señaló que la AN no requiere de tanto personal temporal para cumplir sus funciones y que no ha cumplido con los principios de transparencia, por lo que solicitarán la información de estas partidas.