Transformar las instituciones, profundizar en la reforma de la justicia, retomar la planificación de los programas y políticas basados en resultados, así como fortalecer la carrera de funcionarios son los retos que plantea el Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2019, presentado ayer por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La ministra de Salud entrante, Rosario Turner, al hablar del informe, afirmó que este será elemento fundamental en la administración del presidente Laurentino Cortizo, que comienza el próximo 1 de julio, dado que no solo destaca la hoja de ruta para fortalecer la institucionalidad, la inclusión social y la participación, sino que va acorde con su plan de gobierno.
Turner reconoció que hay mucho que hacer en materia de equidad, la cual, dijo, solo se logrará con la sostenibilidad y con la transformación y reorganización de todo el tejido social, para que los recursos lleguen a la mayoría de los panameños.
‘Panamá urge de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible’
El (PNUD presentó ayer el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2019 Renovando las Instituciones para el Desarrollo Humano Sostenible, el cual evidenció el “desafío” que enfrenta Panamá para alcanzar un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.
El documento confirmó que no todos los sectores del país se benefician del “acelerado” crecimiento económico del país, que en 2018 alcanzó 3.8%, ya que existen poblaciones menos favorecidas, como las ubicadas en áreas indígenas, rurales y urbano marginales.
De hecho, los resultados del segundo índice de pobreza multidimensional (IPM) de 2017 indican que el 19% de la población panameña vive en hogares multidimensionalmente pobres, es decir, que 2 de cada 10 panameños no tiene para satisfacer sus necesidades básicas y, por ende, tiene carencias en aspectos como salud y educación.
Asimismo, el más reciente informe de pobreza y desigualdad presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2017, detalla que de los 10 distritos más pobres del país, 9 están en las comarcas Ngäbe, Guna y Emberá.
Para tener una idea, el primer lugar lo ocupa el distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe, donde el 93.1% de la población, es decir, 41 mil 571 personas, son pobres. El ingreso promedio mensual per capita es de unos $49.2.
Por lo anterior, que demuestra que en este momento hay regiones del país que no son beneficiadas por el crecimiento, la representante del PNUD en Panamá, Linda Maguire, dijo que se requiere de un modelo económico más equitativo.
Maguire expresó que la desigualdad en la distribución de la riqueza no es un problema propio de Panamá. No obstante, agregó, uno de los factores que puede ayudar a mejorar esta situación es la participación de todos los sectores en la planificación de proyectos.
Abogó por la descentralización de los recursos, con la participación de los ciudadanos en la planificación de los proyectos a nivel local.
Ante este escenario, el documento plantea la necesidad de ejecutar cambios dentro de las instituciones y en sus políticas públicas, para mantener la estabilidad y seguridad del país.
Advierte que los cambios ayudarían a recobrar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y es que, el documento destaca que dentro de Latinoamérica Panamá es uno de los países donde existe un mayor índice de confianza en la Iglesia y la Policía, y un bajo índice y los partidos políticos y el Congreso (ver gráfica).
Magaly Castillo, directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que esta desconfianza se origina cuando los ciudadanos no son alcanzados por el “desarrollo humano ”. Por ejemplo, explicó, en materia de justicia, cuando se presenta un problema no todos tienen cómo pagar un abogado, lo que provoca más inseguridad, desconfianza, menos Estado de derecho y sentido de pertenencia al país y las normas que rigen la democracia.
Reiterativo
Maribel Jaén, directora de la Comisión de Justicia y Paz, manifestó que el informe confirmó lo que ha estado planteando la ciudadanía organizada y los ciudadanos en general: que en Panamá existe mucha desigualdad social, la cual se vive tanto en periodos de crecimiento como en épocas de desaceleración económica.
Atribuyó esta situación a que las políticas y la inversión social no están dirigidas a los sectores que más lo requieren, es decir, las poblaciones indígenas, rurales y urbano marginales.
Jaén añadió que debe haber una mayor inversión social, y esta debe hacerse de la mano de los grupos organizados de la ciudadanía, porque se ha comprobado en la región y Panamá que los gobiernos no pueden resolver los problemas solos.
